Ciudad de México, 24 Nov.- Presionadas por contratos colectivos de trabajo que sangran sus finanzas, las Universidades Públicas Estatales (UPE) requirieron en los últimos 14 años de un apoyo adicional federal por 26 mil millones de pesos para sanear sus finanzas; sin embargo, registran pasivos actuales por 37 mil millones de pesos, de los cuales, 18 mil millones de pesos son por deudas al SAT, ISSSTE, IMSS y proveedores.
Pero después de 18 años de contar con el apoyo extraordinario federal para ayudarles a salir de la crisis, que se detectó desde 1998, en 2017 no existe una partida para mantener la entrega de dinero extra que ayude a las UPE a salir del bache financiero, que rebasa a tal grado su capacidad de pago que en el año 2005 llevó a la Universidad Autónoma de Zacatecas a entregar seis edificios al ISSSTE para cubrir parte de los adeudos, que 11 años después todavía no finiquita, y que la tienen ya con un déficit de 20 millones 744 mil 229.04 pesos.
Todas las UPE enfrentan problemas de adeudos, pero algunos son los casos más críticos o representativos del panorama que tienen para el próximo año.
De acuerdo con sus estados financieros al 30 de septiembre del 2016, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un pasivo total de siete mil 274 millones 38 mil 530.60 pesos; de esos, seis mil 910 millones 61 mil 475 pesos; es decir, 94.9% son por obligaciones del retiro y 23 millones 566 mil 789.07 pesos por el pago de retenciones y contribuciones que debe pagar al SAT y al ISSSTE.
Un caso similar es la Universidad Veracruzana: reporta para el 30 de septiembre que tiene un pasivo total de mil 809 millones 522 mil 970 pesos; las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo implican mil 721 millones 70 mil 310 pesos; de esos, mil 576 millones 441 mil pesos son adeudos por el ISR, IMSS e ISSSTE.
La Universidad Autónoma de Durango reporta que para el 30 de septiembre de este año tenía un adeudo de 18 millones 216 mil 386 pesos por contribuciones por pagar; 10 millones 358 mil 34 pesos por ISR y cuatro millones 257 mil 944 pesos de IVA, para hacer un total de 14 millones 615 mil pesos; en tanto, 53 mil 273 pesos para el IMSS; tres millones 214 mil 271 pesos para el ISSSTE, 145 mil 201 para el Infonavit, entre otras. La Universidad tiene un pasivo total de 370 millones 850 mil 895 pesos.
En Hidalgo
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reporta también para el mismo periodo un pasivo total de mil 196 millones 634 mil 457.10 pesos; las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, que incluyen impuestos y cuotas de seguridad social sumaron 34 millones 813 mil 808.38 pesos.
Una de las universidades con mayores problemas es la Autónoma de Zacatecas. Tan sólo para los primeros seis meses de este año sus estados financieros ya reflejaban un déficit de 20 millones 744 mil 229.04 pesos; las cuotas e impuestos por pagar sumaron mil 420 millones 650 mil 714.66 pesos; las retenciones y descuentos por seguridad social sumaron cuatro millones 763 mil 642.68 pesos y su pasivo total fue de mil 800 millones 704 mil 15.33 pesos.
Uno de sus principales problemas son los adeudos con el ISSSTE. En 2005 le debía 627 millones 679 mil 679.49 pesos y firmó un convenio en que cedía la propiedad de los edificios de Ciencias Químicas, Exhospital Civil, Facultad de Medicina, Biología Experimental, Escuela secundaria y Secretaría Académica al ISSSTE, todos con un valor de 116 millones 500 mil 785.42 pesos; los edificios quedaron en comodato, para el uso de la Universidad.
La Universidad de Guadalajara tiene un pasivo total, hacia el tercer trimestre del año, de mil 723 millones 750 mil 95.15 pesos; sus cuentas por pagar suman 421 millones 87 mil 61.36 pesos; la Universidad Autónoma de Chiapas reporta un pasivo total de 624 millones 848 mil 988.92 pesos, incluidas cuentas por pagar a corto plazo, que incluyen impuestos y retenciones, de 519 millones 852 mil 245.65 pesos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo anticipa desde ahora que cerrará el año con un déficit total de 768 millones 546 mil 753.13 pesos.
La Universidad Autónoma de Nayarit detalla que tiene un pasivo total de mil 10 millones 930 mil 927.71 pesos; que los intereses de deuda que paga son por 14 millones 621 mil 31.76 pesos y las cuentas por pagar a corto plazo suman 565 millones 845 mil 608 pesos.
La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un pasivo total por dos mil 949 millones 158 mil 808 pesos; sus cuentas por pagar a corto plazo, hacia el 30 de septiembre pasado, sumaron 342 millones 67 mil 817 pesos.
Aunque están obligadas por tres leyes a ser totalmente transparentes, todavía hay universidades públicas que no reportan sus finanzas, como son los casos de San Luis Potosí y Guerrero, o que lo hacen de manera parcial, como Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Chihuahua, Campeche, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Morelos
Sin embargo, la consulta a otras fuentes de información, como los propios Congresos de los estados, al recibirles sus Cuentas Públicas, permite conocer que las UPE tienen un pasivo total por 37 mil 194 millones 463 mil 892.66 pesos; sus cuentas por pagar a corto plazo son por 18 mil 63 millones 949 mil 885.92 pesos.
Apoyo Millonario
Los reportes disponibles de la SEP muestran los montos extraordinarios entregados a las UPE entre 2002 y 2016 para pensiones y jubilaciones y de 2007 a 2016 para reconocimiento de plantilla y para el pago de adeudos al SAT y a las instituciones de Seguridad Social. En total les entregó 26 mil 509 millones 404 mil 496 pesos.
Hace 20 años que estalló el problema de las Universidades Públicas Estatales, la mayoría por el peso de una nómina millonaria y una matrícula no tan numerosa, que les impidió tener acceso a más presupuesto.
“Para dar respuesta a los problemas de las reformas estructurales de las UPE se realizó un estudio actuarial promovido por la SEP en el año 1998, que concluyó en que más de 30 universidades contraerían un pasivo contingente en su sistema de pensiones y jubilaciones que rebasaría en conjunto los 300 mil millones de pesos.
“Entre las principales causas se detectó que las universidades habían pactado en sus contratos colectivos con sus trabajadores: edad promedio de jubilación de 52 años, requisitos de antigüedad promedio de 25 años, incremento de pensiones en proporción al salario del personal activo (jubilación dinámica) y jubilación con el último salario recibido”, recuerda el documento U081 Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPE. Diagnóstico 2014, editado por la SEP.
El documento, que da cuenta de la fusión de los dos programas que existieron hasta entonces, identificados con las claves presupuestales U066 y UR511, añade que “un análisis posterior concluyó que se podían identificar al menos cuatro grupos de Instituciones de Educación Superior, atendiendo al problema que enfrentaban en relación con sus respectivos fondos de pensiones y jubilaciones. Las IES afiliadas al IMSS, ISSSTE o al sistema estatal de seguridad social, que hacen frente a las cotizaciones y pagos únicos.
“IES con sistema de pensiones complementario al de instituciones de seguridad social hacen frente a cotizaciones, pago único y pensiones parciales a su cargo; IES que cuentan con un sistema de pensiones bajo su responsabilidad total y las IES con sistema bajo su responsabilidad total y además hacen frente a cotizaciones de instituciones de seguridad social”, añade.
Esa es la raíz del problema que este fin de año tiene a las Universidades Públicas Estatales (UPE) al borde de una crisis de solvencia, porque el problema parece no tener fin.
En los respaldos especiales, hasta este año la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó los apoyos extraordinarios a las Universidades Públicas Estatales en tres grandes zonas de financiamiento.
La primera, que es la original y data de la segunda mitad de los noventa, se refiere a las pensiones y jubilaciones y la disposición administrativa es que la Secretaría asignaba recursos “no regularizables para apoyar proyectos formulados por las UPE dirigidos a incidir de manera definitiva en la solución de problemas estructurales, de manera específica y prioritaria en la adecuación apropiada de los sistemas de jubilaciones y pensiones.
Desde 2002 hasta el 2016, la SEP entregó 13 mil 751 millones 875 mil 814 pesos.
Eventuales
La segunda zona de financiamiento se refiere al reconocimiento de la plantilla; la Secretaría asignó recursos a las universidades que “por razones de crecimiento, reestructuración o necesidades apremiantes debidamente justificadas se hayan visto en la necesidad de contratar, en el pasado, personal de apoyo administrativo que actualmente está de manera permanente y extraordinariamente en la plantilla, con una antigüedad mínima de cinco años y su contratación ha sido financiada con ingresos distintos al subsidio federal, por lo que en consecuencia, no se encuentra registrado en la plantilla oficial autorizada por la SEP”.
Por este concepto, desde 2007 a la fecha, la SEP entregó un total de 3 mil 150 millones de pesos.
Y para el llamado saneamiento financiero, que incluye los adeudos por pagos al IMSS, ISSSTE, Fovissste e Infonavit; Sistema de Administración Tributaria (SAT) y proveedores, la SEP entregó, de 2007 a 2016, un total de nueve mil 617 millones 528 mil 682 pesos.
Para el 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados no incluye el programa U081, del cual salieron todos estos recursos, porque de origen, la Secretaría de Hacienda lo eliminó, como parte de los recursos planeados para el próximo año.
Entre los recursos que se recortaron están para la disminución del pasivo en pensiones, para reconocimiento de plantilla administrativa y para saneamiento financiero con IMSS, ISSSTE, proveedores y el SAT.
REINA LA OPACIDAD EN NIVEL SUPERIOR
Las universidades autónomas del país no han mostrado su mayor interés por contar —aunque no estén obligadas por el momento— con su información de transparencia, en específico, del artículo 75 de la Ley General en la materia.
En un ejercicio hecho por Excélsior se pudo constatar que trece de 39 universidades analizadas ni siquiera cuentan con portal específico de transparencia, mientras que al menos dos (Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo y Universidad Autónoma Indígena de México) no cuentan con portal de internet.
Otro indicador que muestra lo lejos que están las casas de estudio para ser proactivas en materia de transparencia y rendición de cuentas es que el apartado para este rubro se encuentra en lo más bajo de sus páginas y con letras pequeñas.
Ejemplo de ello son las universidades autónomas de Aguascalientes, Chiapas y Coahuila. En otra situación se plantea que en el apartado de transparencia sólo tienen las normativas, es decir, sólo los textos de las leyes: es el caso de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro o sólo muestran indicaciones sobre cómo hacer solicitudes de información como la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
En la mayor parte de las universidades sí tienen información respecto de la remuneración de los profesores incluyendo estímulos al desempeño, nivel y monto como señala el artículo 75 en su apartado III.
Aunque también muestran sus planes y programas de estudio algunos no cuentan con la duración de sus programas con asignatura ni su valor en créditos. Tampoco está disponible en 34 universidades la lista de profesores con licencia o año sabático.
Son en total nueve obligaciones de transparencia específicas para educación media superior.
Cabe señalar que la fecha límite para que todos los sujetos obligados, incluyendo las universidades públicas, tengan al día su información es el próximo 4 de mayo de 2017.
Información: Excelsior
