No obstante, este 17 de octubre, un decreto de la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley Orgánica del PJF y la extinción de 13 de los 14 fideicomisos. Al respecto, el abogado y legislador morelense Eliasib Polanco Saldivar menciona que, aunque el Senado aún debe revisar esta medida, ya ha desencadenado un intenso debate sobre sus implicaciones.
Polanco Saldivar explicó que la eliminación de los fideicomisos no constituye simplemente un ajuste burocrático; representa un golpe directo a las finanzas del PJF. Este acto desencadena efectos que afectan las obligaciones patronales vinculadas a los derechos laborales del personal.
En respuesta a la propuesta de recorte aproximado por 20 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante la extinción de fideicomisos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subraya que esos fondos no están incluidos en el presupuesto de egresos de la federación.
Cada uno de estos instrumentos financieros tiene objetivos específicos, como el Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del PJF.
Un ejemplo crucial es el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), vital para proyectos estratégicos a nivel nacional o regional. Según el diputado Eliasib Polanco Saldivar, “La supervivencia del Fondo Jurica es crucial para garantizar un Poder Judicial robusto y moderno, capaz de cumplir su misión de administrar justicia de manera efectiva y equitativa en México.”
En estados como Morelos, con una tasa de impunidad del 97.5 %, programas del Fondo Jurica podrían marcar una diferencia, según destaca el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Estado de Morelos.
Además, al menos seis fideicomisos se dedican a cumplir obligaciones patronales complementarias, cubriendo derechos laborales y de seguridad social. Los trabajadores deben cumplir requisitos específicos para acceder a estos recursos, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha encontrado irregularidades en la constitución o administración de los fondos.
“Es fundamental comprender que los fideicomisos, originados con recursos públicos, no son un ‘guardadito’ como lo ha dicho el ejecutivo para el PJF”, puntualiza Polanco Saldivar.
“Estos recursos siguen siendo propiedad del Estado mexicano, administrados con transparencia y rendición de cuentas trimestrales, disponibles en portales de transparencia y el Diario Oficial de la Federación”, detalla.
Con la aprobación de la extinción de estos 13 fideicomisos por parte de la Cámara de Diputados, solo uno, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, quedaría en pie. Esta decisión, ya avanzada en la Cámara de Diputados, espera la aprobación del Senado para ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor.
En última instancia, la desaparición de estos fideicomisos no sería simplemente una reorganización financiera; representaría un error que afectaría la estabilidad y modernización del Poder Judicial de la Federación, comprometiendo la calidad de la justicia ofrecida a los ciudadanos mexicanos, concluye Polanco Saldivar.
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