Ciudad de México, 26 Ene.- México pasó del lugar 95 al 123 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016. El ranking, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, analizó y evaluó a 176 países.
El país obtuvo una calificación de 30 puntos en una escala del 0 al 100, en donde 0 es el país peor evaluado en materia de corrupción y 100 el mejor, lo que significa que obtuvo cinco puntos menos que en 2015, cuando tuvo una puntuación de 35.
México se mantiene en el lugar 35 de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En su informe, Transparencia Internacional destacó que «las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción».
Además, aseguró que tras esta evaluación, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos, pues 40 posiciones separan al país de China, India y Brasil.
La organización internacional afirmó que «no basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes».
Para poder enfrentar el problema, Transparencia Internacional exhortó que las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos sean investigadas, perseguidas y desmanteladas.
Expresó que es necesaria una Fiscalía General de la República «capaz, autónoma e independiente» para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa y pidió apertura en el proceso de designación de su titular.
Adicionalmente, el Congreso, y en particular los congresos locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y «cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local».
Además deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
