Armando Ríos Piter
@RiosPiterJaguar
Ciudad de México, 7 Nov.- El primer paso para resolver un problema es aceptarlo y llamarlo por su nombre. En México, para fines prácticos, la justicia penal no existe. Con 99% de impunidad, ¿quién se atreve a afirmar seriamente que somos un Estado de derecho? En pleno siglo XXI hay que reconocer que esta condición no se ha alcanzado.
Tenemos un sistema de procuración de justicia que enfrenta enormes problemas, como son: la falta de autonomía de la Procuraduría (tanto la federal como las estatales) con respecto del Poder Ejecutivo, la baja calidad en las investigaciones de los delitos, las violaciones de derechos humanos de los imputados y la falta de sensibilidad y casi tortura en la atención a víctimas y testigos, entre otros.
En este contexto, el nombramiento del doctor Raúl Cervantes al frente de la PGR resulta de la mayor importancia porque él será parte importante en el tránsito de la Procuraduría hacia una Fiscalía General, de acuerdo con la reforma constitucional en la materia. En mi opinión, de cómo se hagan las cosas dependerá la legitimidad y credibilidad de quien, al final, quede al frente como fiscal general.
Para alcanzar un nuevo momento del país, en el que exista justicia plena e imparcial, debemos convocar a la instalación, cuanto antes, de una Mesa Nacional de Diálogo en el Senado, para trabajar durante los próximos seis meses en el diseño y aprobación de la ley orgánica que dará vida a dicha fiscalía. Para esto, es crucial que trabajemos de la mano con expertos reconocidos en la academia y la sociedad civil, además de integrantes y excolaboradores de la PGR, la CNDH y las procuradurías estatales.
Aquí una agenda de trabajo con los diez puntos mínimos a desarrollar:
1. La autonomía absoluta de la Fiscalía General de la República, con candados suficientes para la actuación libre y sin injerencias, ni de superiores jerárquicos ni de agentes externos de cualquier tipo, en las investigaciones y diligencias de los responsables de la procuración e impartición de justicia.
2. Un servicio civil de carrera para construir una “fiscalía desde cero” que privilegie el mérito, la integridad, las capacidades y el profesionalismo. Se deberán fijar reglas claras para la selección e ingreso, a través de concursos abiertos, así como para la formación, promoción y permanencia de los miembros de la fiscalía y agentes del Ministerio Público.
3. Una política criminal explícita y pública, que incluya estándares de calidad y principios para la toma de decisiones estratégicas.
4. Criterios para racionalizar las cargas de trabajo y aplicar la política criminal. Es esencial que el MP dedique sus recursos de investigación a los casos más relevantes y que se usen procedimientos operativos efectivos para dar solución temprana y rápida a casos de menor impacto.
5. Un servicio de atención de calidad que garantice un trato sensible, cercano y humano para las víctimas y testigos, que reduzca los tiempos de atención a denuncias y que impida vulnerar los derechos de las personas detenidas con sus actos u omisiones, antes de ser presentadas ante el juez.
6. Protocolos que garanticen investigaciones de calidad, conforme a estándares internacionales para el manejo de evidencias y el registro de detenidos.
7. Sistemas de contrainteligencia que permitan detectar infiltraciones de grupos criminales o personas de las altas esferas del poder que pudieran corromper e inducir a agentes del MP a distorsionar la investigación y persecución de los casos.
8. Eficiencia administrativa para evitar que las tareas administrativas sean obstáculos o distracciones para la efectiva investigación y persecución de los delitos.
9. Mecanismos de colaboración interinstitucional para esclarecer hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. En particular, es necesario regular la relación del MP con la policía, para que su colaboración sea efectiva y no existan rivalidades o desconfianza entre ellos.
10. Transparencia y rendición de cuentas, sin vulnerar el derecho a la privacidad de víctimas e imputados.
El objetivo de estos diez puntos es crear una plataforma para un diálogo interinstitucional que nos permita construir, de manera coordinada, la institución más importante para el presente y futuro de México: una Fiscalía General que, si está bien armada, tendrá la capacidad de emparejar la cancha y lograr que todos seamos iguales frente a la ley, por primera vez en la historia.
