El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la pena fija de cinco años de suspensión para servidores públicos agresores sexuales en Tamaulipas; sin embargo, Yasmín Esquivel Mossa votó en contra y explicó los motivos.
El pasado 8 de abril, la Suprema Corte invalidó la norma del Código Penal de Tamaulipas que establece una sanción fija de cinco años de suspensión para personas servidoras públicas que cometan delitos sexuales aprovechándose de su trabajo o cargo, al considerar que viola el principio de proporcionalidad e impide al juez analizar los casos de manera particular.
No obstante, para la ministra la invalidez de las penas fijas debe ceder frente a la protección reforzada hacia las víctimas, ello a la luz de la reciente reforma constitucional publicada el 15 de noviembre de 2024.
Con su voto, la jurista además recalcó la necesidad de imprimir la fuerza normativa que otorga la Constitución para privilegiar la protección reforzada que la reciente reforma constitucional ordena en favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Yasmín Esquivel Mossa precisó que una de las formas más graves de violencia contra estos grupos ocurre cuando una persona servidora pública se aprovecha de sus funciones para cometer un delito de carácter sexual; por ello, insistió en que las autoridades deben analizar este tipo de agresiones desde un enfoque reforzado de protección.
«Tenemos algunos precedentes, por ejemplo, en 2007 la SCJN validó una disposición similar en el Código Penal Federal, en el cual se sostuvo que el legislador justificó establecer una sanción fija, dada la gravedad de los delitos y la necesidad de proteger bienes jurídicos fundamentales como la libertad sexual”, sentenció la ministra.
