El caso del estudiante Julio César Mondragón Fontes podría ayudar a esclarecer el papel del Ejército en Ayotzinapa.
El normalista tenía 22 años y poco tiempo de convertirse en padre de una niña cuando se dirigía a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, acompañado de sus compañeros estudiantes de primer año.
El autobús en el que viajaba fue interceptado y atacado a disparos por policías y presuntos delincuentes.
Aunque sobrevivió a la primera agresión, durante un segundo ataque el estudiante fue alcanzado mientras huía. A Julio César lo secuestraron y golpearon causándole fracturas en 40 huesos, además le mutilaron un ojo y arrancaron la piel del rostro.
La mañana del 27 de septiembre de 2014, se viralizó en redes sociales la fotografía del cuerpo abandonado en un camino de terracería a las orillas de Iguala. La imagen fue de las primeras que permitió dimensionar la magnitud de la tragedia de la noche anterior y captó la atención mediática sobre los hechos.
Sin embargo, actualmente el caso se encuentra estancado. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) en sus primeros dos informes documentó tres versiones sobre el asesinato del normalista que señalan a más de 30 posibles culpables, pero ninguna se ha logrado corroborar con exactitud.
La familia de Julio Cesar mantiene un distanciamiento desde hace años con las autoridades en México ante la decepción sobre cómo se han llevado las indagatorias.
La lucha por reconocer la tortura en el crimen
Tras el asesinato del estudiante, la investigación se inició en el fuero local de Guerrero. La autopsia de las autoridades estatales determinó que la fauna del lugar devoró los ojos y el rostro del normalista.
Además de que no reconoció ningún elemento de tortura, por lo que el caso se clasificó como un homicidio.
Durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, no sólo desaparecieron a 43 normalistas de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sino que también fue torturado y asesinado Mondragón Fontes.
A 10 años de los hechos, la investigación se encuentra estancada. El último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) ni siquiera menciona el caso del normalista.
Dejó una incógnita la pista que podría apuntar el Ejército en el caso.
Ante este panorama, la familia ha llevado el asunto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quizá la última instancia que pueda ayudar a esclarecer la verdad tras las omisiones y trabas de autoridades en México.
