Mexicali, la capital de Baja California, está atravesando una emergencia sanitaria silenciosa: el consumo de drogas inyectadas, particularmente heroína adulterada con fentanilo, ha cobrado cientos de vidas. Mientras las políticas públicas tardan en adaptarse a la urgencia, organizaciones sociales han tomado la iniciativa con un enfoque pragmático: contener la mortalidad, no a través del castigo, sino de la reducción de daños.
La evidencia es contundente. De acuerdo con el Servicio Médico Forense (Semefo) estatal, el 20% de los cadáveres analizados en Mexicali durante los últimos años dieron positivo a fentanilo, una cifra que supera a la de Tijuana y posiciona a la ciudad como el epicentro de la crisis de sobredosis en el país. Este dato, más allá de su frialdad estadística, representa una alerta ineludible.
La primera trinchera: una sala segura que salva vidas
En el corazón de la ciudad opera Sala Segura, el primer espacio supervisado de consumo de drogas en América Latina. Bajo el liderazgo de la asociación civil Verter, este lugar ofrece no solo jeringas estériles y filtros, sino también naloxona —un antídoto que revierte sobredosis— y la posibilidad de consumir sin miedo a morir en el intento.
Jorge, de 39 años, entra con manos temblorosas. Va a inyectarse heroína negra, mezclada con fentanilo. Él sabe que sin esa sala, probablemente estaría muerto. “Aquí no te juzgan, te cuidan”, dice mientras un voluntario se mantiene atento al más mínimo signo de crisis.
El costo de la abstinencia forzada
Para muchas personas usuarias, internarse en un centro de tratamiento no es opción viable: el precio, la falta de cupo o la dureza del trato en algunos anexos hacen que sobrevivir con dignidad se vuelva una elección racional. El consumo controlado en entornos supervisados ha demostrado reducir significativamente las muertes por sobredosis, así como los contagios de VIH y Hepatitis C, enfermedades comunes entre quienes comparten jeringas en la clandestinidad.
La doctora Miriam Hernández, experta en salud pública, sostiene que “la estrategia de reducción de daños no promueve el consumo, lo humaniza, lo atiende, y sobre todo, evita que más familias pierdan a sus hijos en silencio”.
Una crisis que exige política con rostro humano
El activismo en Mexicali no solo busca evitar muertes, también plantea una crítica directa al abandono institucional. Las asociaciones como Verter, así como clínicas como Nueva Vida, están supliendo la falta de infraestructura pública con acciones concretas. Su demanda es simple: recursos, coordinación interinstitucional y voluntad política para replicar modelos que funcionan.
Joel Benavides, de Nueva Vida Mexicali, trabaja con más de 160 usuarios en proceso de desintoxicación. Reconoce que el fentanilo ha cambiado la naturaleza de la adicción: los usuarios recaen más rápido, y los procesos de rehabilitación son más lentos y complejos. “Antes tardaban en volver un año, ahora en dos meses ya están tocando otra vez la puerta”, relata.
“No somos criminales, somos sobrevivientes”
Quienes consumen no lo hacen por rebeldía o placer. En muchos casos, lo hacen por necesidad, por trauma no tratado, por exclusión. Rubén, un migrante repatriado, lo explica mejor: “El cuerpo lo pide, como una fiebre que no se va. El dolor es físico, pero también del alma”.
La mayoría de estos consumidores viven en situación de calle, bajo temperaturas extremas, sin acceso a higiene o atención médica. La frontera, con su muro implacable, los aísla no solo de Estados Unidos, sino también del resto del país, que parece ignorar su existencia.
El futuro depende de una decisión
Mexicali ha optado por adaptarse a la emergencia con herramientas de compasión, ciencia y organización civil. Las salas seguras, la distribución de naloxona, la prevención en escuelas y la atención integral a usuarios son parte de una estrategia integral que podría —si se replica— marcar un antes y un después en la política de drogas de México.
La pregunta ya no es si debemos hacer algo, sino si estamos dispuestos a aprender de quienes ya lo están haciendo.
