La familia del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, presentó una demanda civil federal en la Corte del Distrito Sur de California contra tres fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, a quienes responsabilizan de su secuestro, tortura y asesinato en 1985.
La acción legal busca una compensación económica millonaria por daños y perjuicios, y se fundamenta en disposiciones de la Ley Antiterrorista de Estados Unidos.
Los demandados son Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, así al Cártel de Sinaloa, anteriormente conocido como Federación Mexicana y Cártel de Guadalajara. Este grupo criminal recientemente fue catalogado como organización terrorista extranjera en EEUU.
Según el escrito judicial, los familiares de Camarena acusan a los mencionados de haber cometido “actos de terrorismo internacional”. Además de homicidio premeditado, agresión física, negligencia con resultado de muerte e infligir daño emocional severo a las víctimas indirectas del crimen.
La demanda
La demanda fue presentada apenas semanas después de que Caro Quintero fue entregado a las autoridades estadounidenses, donde enfrenta un proceso penal por varios delitos.
Figuran narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato.
La acción civil se desarrolla de forma paralela al juicio penal. Pero se enfoca en la reparación integral del daño causado a los familiares del agente de la DEA, quien fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Luego hallado sin vida semanas después en una zona rural del estado de Michoacán.
Los representantes legales de la familia sostienen que el asesinato de Kiki Camarena no fue un acto aislado. Fue parte de una estrategia deliberada del Cártel de Guadalajara para intimidar a las autoridades estadounidenses y mexicanas. Y así, garantizar la impunidad y continuidad de su estructura criminal.
Por ello, el caso ha sido encuadrado legalmente bajo la Ley Antiterrorista de 1991. Ésta permite a las víctimas de actos terroristas demandar por indemnizaciones cuando se trata de ataques cometidos fuera del territorio estadounidense por organizaciones designadas como terroristas.
