El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia local informó que los montadeudas encabezan el delito de cobranza ilegítima en la CDMX.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acumuló, los primeros ocho meses del año pasado, el mayor número de carpetas de investigación por este delito con un total de dos mil 572 casos.
El Consejo Ciudadano notó el crecimiento del problema con base en las informaciones que recibía en su línea ciudadana. Así en 2020 recibió sólo un reporte por ese delito. En 2021 llegaron a mil 926 y en 2022 fueron ya ocho mil 360.
Los montadeudas tuvieron un auge en su operación de 2021 a 2022. Los datos de la Unidad de Transparencia y Estadística de la FGJ mostraron que el número de averiguaciones pasó de 231 de enero a agosto de 2021 a dos mil 572 en el mismo periodo, pero de 2022.
De enero de 2021 a mayo del año pasado aumentaron exponencialmente las denuncias, las cuales pasaron de 0.6 a 12.6 diarias.
El artículo 208 bis del Código Penal local vigente estipula que incurre en ese delito quien, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación. Por eso impondrán prisión de seis meses a dos años y una multa económica.
Las sanciones si para tal efecto se empleó documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
Estafa
Los operadores de los montadeudas son en su mayoría jóvenes con bachillerato trunco que usan números diversos de celulares para enviar mensajes de WhatsApp con textos y audios amenazantes a las víctimas para reclamar la deuda.
También los exhiben en redes sociales o comparten con todos los contactos del deudor sus fotos privadas, información y documentos personales.
Kaspersky, la empresa de antivirus, reportó que los usuarios con dispositivos móviles de Latinoamérica están expuestos a un malware llamado SpyLoan, el cual es usado por los montadeudas para robar información personal.
Consiste en secuestrar el celular de la persona que solicitó el préstamo como método de extorsión hasta que pague. Esto es considerado por las autoridades como una cobranza ilegítima.
