Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite las 7 acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las normas fueron impugnadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como los miembros del Congreso de la Unión.
Plan B no aplicará en Coahuila y Edomex
Al admitir a trámite dichas acciones de inconstitucionalidad, Pérez Dayán suspendió su entrada en vigor en Coahuila y el Estado de México. En esas entidades ya inició el proceso electoral para elegir a los nuevos gobernadores,
También el ministro consideró que la suspensión de las reformas no contraviene el interés público. Según un comunicado que envió la Suprema Corte, aseguró que la reforma se promulgó durante el periodo de veda electoral. Esta acción está prohibida en la Constitución.
Afectaciones al sistema democrático
Agregó que, de no concederse la suspensión, “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”.
Cabe recordar que fue en diciembre de 2020 cuando fueron aprobadas la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos.
Con ellas, el presidente López Obrador propone establecer que los estados y municipios no pueden dedicar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Modificaciones
Se modificó el concepto de propaganda gubernamental. Eso permite que los funcionarios públicos expresen opiniones durante el proceso electoral sin ser sancionados.
De igual manera, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) también señala que el gasto público en propaganda gubernamental se apega a la austeridad republicana que ha manejado el gobierno actual.
