Tras la aprehensión del Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el legislador morelense, Eliasib Polanco Saldivar, solicitó al gobierno federal un informe detallado sobre los cargos que se le imputan al funcionario.
Esto se debe alegadamente a un posible quebrantamiento del estado de derecho y a una resolución previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se condicionaba cualquier acción legal en su contra a la previa instauración de un proceso de desafuero.
Dudas sobre Estado de derecho
«En caso de que el Gobierno Federal no aclare las circunstancias que dieron lugar a la operación en contra del Fiscal General, podríamos estar enfrentando un acto de desobediencia judicial de proporciones sin precedentes», subrayó el también secretario de Organización de la CNOP a nivel nacional.
Acentuó que los eventos en curso en Morelos han conducido a un escenario inimaginable, en el cual se ha transgredido el estado de derecho al no acatar la decisión emitida por la Corte.
«Si el presidente López Obrador, validó esta intervención, está demostrando una vez más su falta de respeto hacia las sentencias emanadas de la SCJN y está indicando que en México la vigencia del Estado de derecho está siendo menoscabada», enfatizó Polanco Saldivar.
Previamente a su arresto, el fiscal aseveró no tener conocimiento acerca de los motivos detrás del operativo.
Responsabilizó al presidente de México, a la anterior Jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, al ex subsecretario de gobernación Rabindranath Salazar y a Cuauhtémoc Blanco, de cualquier eventualidad que pudiera perjudicar tanto a él como a su familia.
Antecedentes del caso
En diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se retirara el fuero al fiscal y que fuera destituido de su cargo, argumentando que no había cumplido con los requisitos de las pruebas de confianza.
La Cámara de Diputados evaluó la petición y dictaminó que los fiscales locales no contaban con protección constitucional, permitiendo así proceder legalmente contra Carmona Gándara.
El Congreso estatal emprendió una controversia constitucional, lo que ha permitido al fiscal mantenerse en su cargo hasta la fecha de su detención en el pasado viernes.
Esta disputa fue resuelta por la primera sala de la Corte, que estableció que los fiscales estatales sí gozan de esta salvaguardia constitucional. Por ende, para someterlo a proceso judicial, la Cámara de Diputados debe primero llevar a cabo un juicio de procedencia.
En julio, la primera sala de la SCJN determinó que Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Justicia de Morelos, no puede enfrentar cargos por supuestos delitos federales sin haber sido previamente sometido a un juicio de procedencia, ya que goza de inmunidad o fuero constitucional.
No obstante, la Presidencia de la República expresó su desacuerdo con esta decisión y manifestó su rechazo a que se prevalezca la protección y la impunidad de las autoridades encargadas de administrar justicia, especialmente cuando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos están en juego.
