Ciudad de México, 19 Ene.- El hijo y el hermano de Jimmy Morales, comediante y presidente de Guatemala, fueron procesados por el delito de fraude por una jueza del país centroamericano. Sammy y José Manuel Morales son acusados de haber ayudado a sustraer fondos del Estado simulando compras y eventos de carácter público.
La titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, dijo este miércoles que hay motivos suficientes para ligar a proceso por el delito de fraude a Sammy y José Manuel, y aseguró que los argumentos de la defensa para dictar falta de mérito «no se sustentan».
El hermano y el hijo del mandatario guatemalteco, detenidos este miércoles, están acusados de participar en tres adjudicaciones públicas irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP) en el año 2013 por un valor de más de 200 mil quetzales (unos 26 mil dólares), a pesar de que ellos no se beneficiaron económicamente.
Durante la lectura de la resolución, la jueza detalló cómo Sammy y José Manuel fueron partícipes de un fraude al Estado que se originó a partir de una «simulación especialmente preparada» con funcionarios de la entidad para beneficiar a Mario Estuardo Orellana López, ex suegro del hijo de mandatario, detenido hoy y quien también será procesado por fraude.
Según la investigación, el tío y el sobrino hicieron un «favor ilícito» a Orellana López para que lograra las contrataciones de servicios de tres eventos públicos, dos de los cuales nunca llegaron a realizarse.
Como pruebas de su implicación, arguyó De León, hay facturas emitidas a nombre de entidades que nunca prestaron los servicios, propuestas de servicios «falsas» de empresas que ni existen y movimientos bancarios que, por el momento, finalizan en Orellana, quien supuestamente recibió los tres pagos de los servicios.
La jueza, que lamentó que los tres implicados decidieran atenerse a su derecho de no prestar declaración y obedecer así a las «asesorías» de los abogados defensores, dijo que solo tiene la versión de la parte acusadora para dictar su resolución.
En este sentido, detalló que las facturas emitidas por servicios son documentos vinculantes, personales y contables que demuestran una «negociación comercial» y que no pueden ser usados por o para beneficio de «otras personas».
Estos hechos ocurren a tan sólo un año de que Morales asumió la presidencia.
