Habitantes de Kantunilkín, Quintana Roo, denunciaron un aumento de hasta 600% en las tarifas de agua potable, luego de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) iniciara la renovación de medidores en la zona. Los usuarios acusan a la dependencia estatal de emitir cobros excesivos e irregulares, similares a los que ha enfrentado la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Recibos pasaron de 200 a más de mil pesos sin justificación
Los inconformes aseguran que, tras el cambio de medidores, sus recibos de agua han pasado de 200 a más de 1,300 pesos mensuales, incluso cuando no han incrementado su consumo. Algunos casos evidencian subsidios aplicados para reducir montos aún mayores, lo que despierta sospechas sobre la veracidad de las mediciones.
Un usuario identificado como Ariel señaló que el mes pasado pagó cerca de 200 pesos, pero este mes recibió una factura por 1,230 pesos, con un subsidio de 954 pesos incluido. De no haberse aplicado ese descuento, el cobro total hubiera superado los 2,185 pesos. Ariel también denunció que el nuevo medidor marcó un consumo de 41 metros cúbicos, frente a los 2 metros cúbicos que solía registrar.
Denuncian cobros arbitrarios y falta de transparencia
Otra habitante, Judith Tah, reportó que sin previo aviso le cambiaron el medidor bajo el argumento de que no era posible realizar la lectura. Anteriormente pagaba 257 pesos mensuales, pero el nuevo aparato reportó un consumo de 42 metros cúbicos, lo que elevó su recibo a 1,230 pesos.
Los ciudadanos criticaron que CAPA no haya informado previamente sobre los cambios ni instalado mecanismos de aclaración o conciliación. Además, denunciaron que no hay un módulo local de la Profeco, lo que deja a los usuarios en total indefensión ante los cobros arbitrarios.
Exigen intervención del gobierno estatal
Ante la falta de respuesta por parte de la CAPA, los habitantes exigen la intervención de las autoridades estatales para frenar los abusos. También pidieron la destitución del actual encargado en la zona, Carlos Dzul, por incumplir con los acuerdos previos. Uno de estos compromisos era que los ejidatarios pagarían solo el 50% de la tarifa, debido a que las tierras donde están instaladas las bombas y pozos pertenecen a los comuneros. No obstante, dicha promesa ha sido ignorada por años.
Los ciudadanos advierten que, de no obtener una solución, podrían tomar medidas de presión para hacer valer sus derechos como usuarios y como propietarios del territorio.
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