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El inicio de las consultas públicas rumbo a la revisión conjunta del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2027 abre una nueva etapa para discutir no sólo las condiciones comerciales de América del Norte, sino también el futuro laboral de quienes participan en sus cadenas productivas consideró Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC).
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el 2 de octubre el comienzo del proceso para recibir comentarios públicos sobre la operación del acuerdo y adelantó la realización de una audiencia pública.
El plazo para presentar comentarios vencerá el 12 de enero de 2027, mientras que la revisión conjunta está prevista para 2027.
Desde la perspectiva del líder sindical, dicho proceso representa una oportunidad para que la dimensión laboral tenga mayor peso en la definición de las reglas regionales.
Ante ello, Alejandro Martínez Araiza sostiene que la competitividad de Norteamérica no debe construirse sobre diferencias salariales, debilidad institucional o trabajadores con menor protección, sino sobre condiciones que permitan mejorar la calidad de vida en los tres países.
La agenda que el dirigente ha llevado a espacios de discusión sobre el T-MEC se concentra en cinco propuestas.
La primera plantea establecer consecuencias automáticas y públicas ante violaciones laborales, con posibilidad de escalar responsabilidades hasta los grupos corporativos.
El segundo eje busca ampliar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) para que tenga una cobertura sectorial más amplia y contemple también asuntos relacionados con salarios.
El tercero propone avanzar hacia un piso salarial regional, tomando como referencia el salario mínimo federal de $7.25 por hora en los Estados Unidos, además de los 16 dólares por hora que el propio T-MEC establece para determinados trabajadores del sector automotriz.
El cuarto plantea crear una Alianza Norteamericana de Verificación Laboral, con participación de sindicatos auténticos y mecanismos de protección para quienes denuncien incumplimientos.
Y finalmente, el quinto incorpora un pilar tecnológico, con derechos digitales, límites al uso de Inteligencia Artificial (IA) en decisiones de contratación y despido, así como un denominado Dividendo Tecnológico para que los trabajadores participen de los beneficios derivados de la automatización.
La dimensión tecnológica adquiere especial relevancia ante la transformación de los empleos; en julio de 2026, el SNAC planteó ante autoridades laborales estadounidenses incorporar al T-MEC reglas de transparencia algorítmica, reentrenamiento previo a eventuales despidos y derechos digitales.
Para Alejandro Martínez Araiza, el nuevo periodo de consultas permite mantener dicha agenda sobre la mesa y contribuir con propuestas orientadas a que los trabajadores mexicanos tengan condiciones cada vez más comparables con las de sus pares estadounidenses y canadienses.
Asimismo, el planteamiento cobra relevancia porque el T-MEC permanece vigente mientras continúa el proceso de revisión.
Estados Unidos señaló en julio que no renovaría el acuerdo en ese momento, pero confirmó que seguiría trabajando con México y Canadá para atender los asuntos pendientes.
De modo que, bajo esa perspectiva, el SNAC y su secretario general nacional anticipan que la revisión de 2027 será una oportunidad para profundizar la convergencia laboral regional y demostrar que una mayor integración comercial puede traducirse también en mejores salarios, derechos, capacitación y protección para los trabajadores mexicanos.
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