“Haz obra, que algo sobra”

Ciudad de México, 21 Marzo.- En tiempos electorales, quienes aspiran a un cargo de elección popular pregonan el combate a la corrupción. Pero en reuniones con empresarios, prometen servicios a cambio de apoyos económicos, que se convierten en favores de jugosas ganancias. Lo ofrecido en campaña, entonces, no hace sino alimentar el ciclo histórico de la corrupción.

Uno de los rubros más socorridos es la obra pública, por la cual, además de apoyos económicos durante la búsqueda del puesto, se paga cierto porcentaje, variable de acuerdo con quien la ofrece. Un político encumbrado, justamente del último bastión priista, el Estado de México, acuñó hace años la frase: “¡Haz obra, que algo sobra!”.

Para ilustrar la situación, de acuerdo con Transparencia Internacional, el pasado 25 de enero, nuestro país cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 en el sector público. En 2015 ocupábamos el lugar 95, y en 2016 pasamos al sitio 123, entre 176 países analizados. Inclusive ocupamos el último lugar dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este anuncio reafirma nuestra posición en 2016, en los trabajos para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, de aquella alianza de la clase política y sociedad civil, cuando se materializó el fortalecimiento y coordinación de las instituciones actuales, como la Auditoría Superior de la Federación con la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. Las señales de alerta se activan ante el retraso de las reformas para armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción con el resto del andamiaje jurídico; el retraso del nombramiento del Fiscal Anticorrupción que forma parte vital del Sistema Nacional Anticorrupción y el silencio alrededor del rediseño de la PGR.

Justamente, la Auditoría Superior de la Federación, en su informe de la Cuenta Pública de 2015, en la cual se analizaron 727 auditorías con un monto de 188 mil mdp, señala al “desarrollo de infraestructura y obra pública” como un área que es vulnerable a presentar problemáticas, fallas y anomalías y que representa riesgos constantes y cuyas implicaciones recaen sobre las finanzas públicas, el crecimiento y el bienestar económicos y sociales.

De acuerdo con la Auditoría, la realización de infraestructura y obra pública presenta de manera recurrente los siguientes problemas: deficiencia en la planeación, contratación y ejecución de los trabajos; modificaciones al proyecto ejecutivo original, ocasionando incrementos importantes en el monto de inversión; y prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación, con la consecuente repercusión social y económica de no contar con las obras y servicios en el plazo y monto contratados; así como limitaciones en el control y supervisión de los proyectos.

Y como mencionaba arriba, es justo en las contrataciones de obra pública donde existe esa práctica de financiamiento privado a candidatos a puestos de elección popular a cambio de la adjudicación de obra pública, que al final es de mala calidad, sobrepreciada y de constantes modificaciones de los contratos que atentan contra el interés público.

Además de todo esto, estoy convencido del nuevo papel que debe asumir la industria de la construcción y toda su cadena de valor para reactivar el mercado interno a través de la inversión, empleo e infraestructura, como una respuesta ante la incertidumbre que han generado las ideas proteccionistas de Donald Trump, sobre nuestro crecimiento económico.

El pasado 23 de febrero, PAN y PRD presentaron un proyecto de discusión, en cuyos trabajos he participado activamente, cuyo objetivo no es sólo armonizarlo con lo que será el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia, sino que busca abrir a la opinión pública la discusión sobre un nocivo ecosistema de vicios de la administración pública, que violenta los principios básicos de eficiencia, economía, productividad y competitividad, al cual estamos obligados.

Como parte del Poder Legislativo estamos obligados a cumplir con nuestros compromisos públicos en esta materia. Ahora más que nunca es momento de romper el ciclo perverso de las cinco C’s: Campañas, Clientelas, Contratos, Compadres y Corrupciones.