Espionaje y gobernabilidad con alfileres

Ciudad de México, 26 Junio.- Como si fuera comercial: “Todo en uno”. Primero, negación del espía. Segundo, aceptación del uso del software para espiar. Tercero, aplicación de la ley contra quienes acusaron al gobierno de espionaje. Cuarto, “siempre no” a las represalias contra acusadores. Quinto, aceptación de espionaje contra todos, incluido el propio Enrique Peña Nieto.

La actitud adoptada por el Presidente de México después del artículo publicado el lunes 19 de junio por The New York Times, que habla de espionaje del gobierno mexicano o de algún grupo corrupto interno de la administración federal, fue más que errática. Al principio, frívola; después, desafiante; al final, contradictoria y preocupante.

El reportaje señala intromisiones directas contra periodistas y activistas, lo que inmediatamente levantó voces de indignación y de protesta; al mismo tiempo la exigencia de una investigación exhaustiva que permita dar una explicación convincente a todos los que nos sentimos agraviados. El principal problema es: ¿quién podría realizarla, si se presume que la Procuraduría General de la República es una de las principales instituciones involucradas en este escándalo?

Lo primero que debió ocurrir fue lo que no ha caracterizado a ninguno de los terribles escándalos que han marcado a la presente administración: ponerse del lado de las víctimas.

En lugar de minimizar, e incluso después amedrentar, el Presidente de la República debió aceptar la posibilidad de que dichos hechos hayan ocurrido en perjuicio de personas mexicanas, y comprometerse a investigar de manera minuciosa el asunto. Aceptar que podrían existir violaciones a los protocolos establecidos en la comunidad de inteligencia, enfocarse a identificar probables violaciones a los mismos y deslindar contundentemente las responsabilidades contra quien resulte culpable.

Sin embargo, no ocurrió así, y el escándalo ha dejado estocado de gravedad al gobierno. ¿Cómo confiar en quien espía, no sólo a periodistas, sino a muchos personajes que militan en la política, las organizaciones sociales, la empresa o en cualquier círculo que pueda representar alguna oposición?

Tal parece que EPN y su equipo no han dimensionado la magnitud del problema. El espionaje no es nuevo. Es algo que, se presume, se realiza desde hace mucho, pero hoy la publicidad a este asunto pone en entredicho la capacidad de conducción del gobierno federal.

Lo que publicó The New York Times es inaceptable, sencillamente porque un gobierno que espía o permite que se espíe a los habitantes del país que gobierna, rechaza la democracia y las libertades que intenta ponderar la Constitución. Ese es el énfasis y la dimensión que debe darle para resolver el problema. De otra forma, ¿qué credibilidad tendrá como rector de la política en los meses por venir?

Un software para espiar, como el llamado Pegasus, se activa con un click en el teléfono móvil para indagar la vida privada de un individuo. Pegasus fue creado para uso de los gobiernos en contra del crimen y el terrorismo. Pero, lejos de eso, se estaría usando para espiar a gente cuyo trabajo no conviene o resulta incómodo.

Investigaciones periodísticas señalan que México es el principal comprador en el mundo de dicho software, de procedencia israelí, parecido a un virus, que sustituyó al que vende la empresa italiana Hacking Team a 35 países en el mundo, y al cual, por lo menos 16 gobiernos estatales y dependencias federales mexicanas pagaron más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años, según publicó Animal Político.

En suma, el gobierno mexicano está más que obligado a realizar, aunque sea por última vez, una investigación que resulte creíble.

Si el mismo Presidente de México admite que todos nos sentimos espiados, entonces acepta que, efectivamente, el fenómeno existe. Si no se llega a una “verdad contundente” en este problema, entonces los mexicanos tendrán que sospechar, con mucha razón, que no se quiere investigar por la participación e involucramiento en los hechos de nuestras máximas autoridades. Si así resulta, el temor y la desconfianza reinarán los meses siguientes y, con ello, la gobernabilidad quedará sujeta por alfileres.