Chichén Itzá, Foto: Wikimedia Commons
La familia Rosas Moya es sinónimo de la corrupción en Yucatán, liderada por Rodolfo Rosas Moya, reconocido desarrollador regional acusado de millonarios desfalcos en el pasado.
Se dice que en 2002 se vio obligado a huir del estado en la cajuela de un vehículo para evadir una orden de aprehensión en su contra. En 2018, la ambición de Rosas Moya encontró cabida en la campaña del panista Mauricio Vila, a la que se comenta se le invirtió millones de pesos a cambio de influencia dentro del flamante gabinete.
Su hermana, Olga Rosas Moya, fue la secretaria de Finanzas del estado y después la directora de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica en Yucatán.
Durante el año 2020, la familia Rosas Moya, a través de su entidad empresarial Grupo R4, obtuvo fondos sustanciales dentro de un programa de apoyo económico al sector empresarial, sin que se realizaran auditorías.
Entre los receptores se encuentra Rodolfo Rosas Cantillo, hijo de Rodolfo Rosas Moya, quien recibió cuantiosas sumas del gobierno para preservar sus establecimientos, mientras la mayoría de los negocios en la región sucumbían por la carencia de recursos.
Este clan, como se conoce en Yucatán, ahora pretende quedarse con Chichen Itzá ilegalmente, según fuentes de la zona.
En medio de la pandemia, Fernando Barbachano se unió a Rodolfo Rosas Moya y le ofreció comprar los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, que pertenecen a su familia desde hace más de cien años. Han hospedado personajes como Jackie Kennedy, el Che Guevara y Fidel Castro.
No obstante, el empresario yucateco no depositó ni en tiempo ni forma la cantidad acordada, lo que provocó que la familia Barbachano optó por otorgar dos opciones: cubrir la totalidad del precio acordado, o bien, rescindir el contrato. En lugar de eso, Rosas Moya utilizó a la Fiscalía de Yucatán para allanar los hoteles de manera violenta.
Después de casi dos años de problemas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ordenó al gobierno de Mauricio Vila que devuelva los hoteles a sus dueños inmediatamente. A pesar de la resolución a favor de los Barbachano, el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León, ha congelado el caso y hasta el momento se encuentra en posición de no retornarlos.
Es complejo comprender la razón de la falta de atención del gobernador en relación con este asunto. A medida que el período de Mauricio Vila en el Palacio de Gobierno se reduce, surge la duda de si está protegiendo al clan.
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