Alfredo Del Mazo destaca la movilidad como un derecho

La movilidad se ha consolidado en México como un derecho humano fundamental desde la reforma constitucional de 2019. Esta modificación, aprobada por la Cámara de Senadores, dio lugar a la creación de la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

 

La ley establece que todas las personas deben tener la capacidad de moverse con seguridad, equidad y accesibilidad. No obstante, su implementación efectiva sigue siendo un desafío. En este contexto, Alfredo Del Mazo Maza, quien durante su gobierno enfocó sus esfuerzos en asegurar un acceso equitativo al transporte eficiente para todos los ciudadanos, ha expresado su preocupación por esta situación.

 

La Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial surge como resultado de un esfuerzo conjunto de organizaciones civiles que buscaron garantizar la seguridad de todos los transeúntes y seguir las pautas de la Nueva Agenda Urbana de la ONU. Esta colaboración entre el sector civil y las autoridades resulta fundamental para el avance de la movilidad en el país.

 

Del Mazo Maza indicó que “los esfuerzos por una movilidad segura y accesible son el resultado de una visión colectiva que reconoce la necesidad de construir ciudades más humanas”.

 

Asimismo, dijo que este enfoque integral es esencial para la creación de un entorno urbano que no solo considere el transporte, sino que también fomente la convivencia pacífica entre diversas formas de movilidad.

 

En el marco del contexto urbano actual, la pandemia tuvo un impacto considerable. A pesar de la reducción en algunos sectores, la movilidad se ha mantenido constante y según datos oficiales, se ha registrado un aumento del 21 % en el tránsito por zonas residenciales en la Ciudad de México por poner un ejemplo.

 

Este incremento demuestra que las personas continúan saliendo de sus hogares, lo que revela la necesidad de espacios seguros y accesibles. Por ello, Alfredo Del Mazo Maza sostuvo que “la movilidad debe ser un derecho garantizado, que permita a todos los ciudadanos acceder a servicios básicos sin enfrentar riesgos”.

 

Un aspecto clave de la nueva legislación es la posibilidad de que los municipios desarrollen programas que mejoren el transporte público y la seguridad vial. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada se convierte en un obstáculo significativo para garantizar la movilidad.

 

Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el 56 % de las viviendas en el país carecen de acceso adecuado al transporte público, subrayando la urgencia de implementar la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV), que busca integrar la movilidad en la planeación urbana.

 

Un ejemplo claro de esta integración se observa en la Ciudad de México, donde se ha propuesto el eje “Movilidad Inteligente y Sustentable”, una iniciativa que sugiere reestructurar la ciudad

 

Durante la presentación de esta iniciativa, se destacó que “los proyectos de movilidad son esenciales para el ejercicio de los derechos ciudadanos”, afirmación que implicaría un reconocimiento del papel central que juega la movilidad en el desarrollo económico y la creación de empleo, detalló Alfredo Del Mazo.

 

“Es fundamental que se trabaje de manera colaborativa entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar que la movilidad sea un derecho y no un privilegio. Este enfoque es vital para abordar las desigualdades existentes en el acceso a los servicios de transporte y fomentar un desarrollo urbano más inclusivo y equitativo”, dijo.

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