Los aranceles del presidente Trump le dan la razón al sindicalismo mexicano: Alejandro Martínez Araiza

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Para el secretario general del SNAC, los bajos salarios, la explotación y los sindicatos de protección son la causa raíz de los reclamos comerciales de Washington. La revisión del T-MEC, dice, es la oportunidad de corregirlo.

Desde el 24 de julio, Estados Unidos aplica aranceles de entre 10% y 12.5% a las importaciones de 60 socios comerciales, bajo el argumento de que esos países no han prohibido ni aplicado de manera efectiva la prohibición a los bienes producidos con trabajo forzoso.

La medida se tomó al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y alcanza a economías que en conjunto representan cerca del 99% de las importaciones estadounidenses.

Para Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), la medida confirma algo que el sindicalismo mexicano auténtico lleva años planteando: que las condiciones laborales dejaron de ser un asunto de política interna y se convirtieron en materia de comercio exterior.

«Los malos salarios, la explotación de los mexicanos y los sindicatos de protección son la causa raíz de las malas prácticas que hoy nos reclaman. No nos están castigando por competir bien; nos están señalando por competir mal», afirma el dirigente.

México quedó en la tasa más baja, y eso no es casualidad

El detalle que Martínez Araiza considera más relevante suele pasar inadvertido:

México quedó en la tasa del 10%, la menor de las dos, y los bienes que cumplen con las reglas del tratado norteamericano quedan exentos en los casos de México y Canadá; es decir, el T-MEC ya está funcionando como escudo arancelario.

«Ese blindaje es real y vale mucho dinero. Pero solo se sostiene si el capítulo laboral tiene dientes y es ejecutable. Si México no cumple sus propios estándares, tarde o temprano alguien va a preguntar por qué seguimos exentos», señala el secretario general.

De ahí que, a su juicio, la revisión del tratado no deba plantearse como una defensa frente a la presión estadounidense, sino como la ocasión para resolver el problema de origen.

¿Qué propuso el SNAC al USTR y Departamento de Trabajo de los Estados Unidos?

El planteamiento del sindicato se concentra en cinco puntos:

Un piso salarial regional de 7.25 dólares la hora con semana de pago de 56 horas, comparable entre los tres países, que elimine el incentivo de usar a México como plataforma de mano de obra barata o puerta trasera de países asiáticos.
Consecuencias automáticas ante violaciones al capítulo laboral, sin depender de que un gobierno decida activar el mecanismo.
Una Alianza Norteamericana de Verifiación con participación de los propios trabajadores, con protección efectiva para quien reporte.
Cobertura para todos los sectores del MLRR, con foco en la agricultura, junto con una ampliación del Mecanismo para que el dumping por bajos salarios sea, por sí mismo, motivo legítimo de queja.
Un capítulo sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías, que reconozca derechos digitales laborales y un Dividendo Tecnológico frente a la llegada de los robots.

Este último punto responde a un hueco del acuerdo vigente; el T-MEC contempla libertad sindical, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, salario mínimo, jornadas laborales y seguridad y salud ocupacional, además del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Pero, salvo en el sector automotriz, no establece nada sobre el nivel de los salarios que se pagan en México.

«En un país donde se pagan salarios regionales comparables a los de nuestros vecinos, se le cierra la puerta trasera a los intereses nacionales y extranjeros que explotan la mano de obra barata y desprotegida para comerciar con ventaja», sostiene.

El tema ya está en la mesa; en julio, México y Estados Unidos celebraron una tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC, en la que el ámbito laboral figuró en la agenda junto con comercio, automóviles, agricultura y seguridad económica.

De política laboral a estrategia de estabilidad social

Alejandro Martínez Araiza insiste en que el alcance del debate excede lo económico.

«Un mexicano que gana bien en su tierra no tiene que irse, y no es carne de reclutamiento. La mejor política migratoria y la mejor política de seguridad que existe es un salario fuerte que dignifique el valor del trabajo en la región», afirma.

Para el dirigente, el momento permite pasar de una lógica en la que las condiciones laborales se ven como un costo interno a otra en la que funcionan como componente de la competitividad regional, e incluso como una regla de origen verificable.

«Una fábrica con nómina real, contrato real y sindicato auténtico no puede ser una fachada. La verificación laboral es un certificado de origen que ningún papel puede falsificar», agrega.

Más que un efecto colateral de la política arancelaria estadounidense, concluye, el escenario abre la posibilidad de replantear la integración norteamericana bajo un principio simple: “la competitividad regional no puede construirse a costa de la miseria de quienes producen”.