Fomentada por el “autoconsumo” sin permisos y el huachicol fiscal, la práctica ilegal de vender combustible adulterado prevalece en México.
De acuerdo con los análisis que ha hecho CIEFSA, como laboratorio certificado, el 80% de los combustibles que ha analizado fue adulterado. Es decir, 70% del producto es gasolina, mientras que el 20% son naftas ligeras y el 10% son alcoholes, mientras que el diésel es mezclado con aceites minerales.
Andrés Gutiérrez Torres, director general de CIEFSA, explicó que en el mercado hay tres tipos de combustibles: aquel que cumple con toda la normatividad desde su producción hasta la distribución y venta, así como el producto de mala calidad que tuvo algún problema durante su elaboración, trasvase o sufrió por alguna razón resultó contaminado.
El representante de la empresa especializada en servicios de análisis químicos de productos petrolíferos, añadió que el tercero son las gasolinas y diésel que adrede fue modificado, adulterado en su composición.
«Obviamente sabiendo que la calidad va a disminuir. «Lo hacen para obtener un producto más barato”, afirmó.
Este tipo de combustibles se vende o es utilizado principalmente por los denominados “autoconsumos”. Sin embargo, también está llegando a las estaciones de servicio y, por ende, a los consumidores finales.
La mezcla, completamente ilegal, se lleva a cabo en alguna de las fases de la cadena de valor luego de ser adquirido al productor (Petróleos Mexicanos) o alguno de los importadores, pues pasa por los comercializadores, distribuidores y el autoconsumo.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene registrados 350 permisos vigentes de autoconsumo. Sin embargo, en el país operan no menos de 22 mil de este tipo de establecimientos.
Se trata de pequeñas estaciones, la mayoría dentro de un predio privado, diseñadas para que una empresa pueda surtirse combustible así misma.
La falta de regulación no solo fomenta los combustibles adulterados en estos establecimientos, sino también el huachicol fiscal que está lejos de ser erradicado.
Y es que las autoridades no verifican la procedencia legal de los combustibles que utilizan o que incluso venden a terceros. Eso, pese a que tampoco tienen permiso para esa práctica. Se ha detectado a transportistas (pipas) que hacen sus mezclas antes de llegar a las estaciones de servicio.
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