Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), y a otros nueve elementos de la institución, fueron imputados por su posible participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
El caso involucra el arribo de decenas de barcos cargados con diésel a puertos mexicanos, que entraban al país haciéndose pasar por aditivos, lo que habría ocasionado un daño económico considerable al país.
La audiencia se celebró entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en los juzgados federales del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras la detención de los sospechosos la semana pasada.
De acuerdo con información presentada ante el juez, la Fiscalía General de la República (FGR) describió una estructura con capacidad operativa y financiera relevante, facilitada por la presunta complicidad de servidores públicos y miembros activos e inactivos de las Fuerzas Armadas.
El vicealmirante Farías Laguna habría tenido funciones de dirección, desde donde autorizaba perfiles de quienes integrarían la red criminal y coordinaba acciones en distintas aduanas. Otros acusados, como Climaco N y Humberto N, también figuraron en tareas de mando y facilitación de operaciones mediante asignación y movimientos de personal en puntos estratégicos.
En la audiencia, la FGR sostuvo que los integrantes señalados posibilitaron el acceso de millones de litros de hidrocarburos a México con documentos presuntamente falsos.
De acuerdo con información revelada por Milenio, la causa judicial incluyó declaraciones que resultaron determinantes. Destacan los testimonios aportados por un testigo protegido identificado como “Santo”, así como personas señaladas por las siglas JH y HRV, quienes describieron el funcionamiento de la red.
Ellos apuntaron que entre 2024 y 2025 ingresaron más de 32 buques con diésel, registrados como aditivos, lo que evitó el pago de impuestos. El operativo alcanzó entidades como Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México.
La acusación también involucra a empresarios locales y personas jurídicas que habrían actuado para encubrir movimientos y transferencias de fondos derivadas del contrabando, según Infobae.
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