Javier Duarte permanecerá en prisión hasta 2026

Una jueza federal le negó la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Ello, luego de que su defensa la solicitara por presunta buena conducta dentro del penal del Altiplano, donde se encuentra recluido desde 2018.

Al término de la audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera, aseguró que Duarte no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Ejecución Penal, por lo que declaró infundada la petición de la defensa.

La jueza explicó que para poder obtener su liberación anticipada, no cumplió con dos de los siete requisitos establecidos. El más relevante de los puntos con lo que no cumple es que no debe estar sujeto a otros procesos judiciales.

Javier Duarte tiene pendiente un proceso penal por el delito de desaparición forzada en el estado de Veracruz, donde es acusado de entorpecer la investigación, hecho por el cual se le dictó auto de no vinculación a proceso, y que próximamente tiene que resolver un tribunal.

Hasta 2026

Cabe recalcar que al exgobernador de Veracruz le fue interpuesta una pena de 9 años, la cual culminará en abril de 2026.

Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue arrestado el pasado 15 de abril de 2017 en el municipio de Panajachel, Guatemala.

Eso, gracias a una orden de captura internacional emitida por México. Durante su gestión como gobernador de Veracruz, entre 2010 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó un desfalco de más de 60 mil millones de pesos.

Además, las investigaciones apuntaron a la creación y uso de al menos 400 empresas fantasma que recibieron contratos del gobierno veracruzano, con los que Duarte y sus colaboradores lavaron dinero y saquearon recursos públicos.

Los delitos por los que fue acusado incluyeron delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, fue señalado por desvío de fondos destinados a salud, educación y desarrollo social.

Tras su extradición a México en julio de 2017, Duarte fue juzgado y, en septiembre de 2018, sentenciado a nueve años de prisión tras aceptar su culpabilidad a través de un procedimiento abreviado. También fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante ese mismo periodo.