En medio del escándalo que enfrenta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el gobierno federal y el de Quintana Roo anunciaron una inversión superior a los 210 millones de pesos para ampliar y modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales de Cozumel, operada por la CAPA, con el objetivo de duplicar su capacidad y prevenir la contaminación del manto freático.
Actualmente, la planta procesa 110 litros de agua por segundo, pero se requiere cubrir una demanda de más de 200 litros por segundo. Por ello, el proyecto contempla dos fases: la primera con 123 millones de pesos y la segunda, prevista para noviembre de 2025, con una inversión adicional de 90 millones de pesos.
“Esta inversión resolverá años de rezago y evitará el derrame de aguas negras, protegiendo así el medio ambiente de la isla”, afirmó el presidente municipal José Luis Chacón Méndez.
La meta es que, para 2026, la planta San Miguelito alcance una capacidad de 230 litros por segundo, permitiendo también la reutilización de aguas tratadas.
La inversión ocurre en medio de una crisis de credibilidad para la CAPA, tras reportes en redes sociales sobre desbordamientos de aguas residuales que han contaminado el manto freático y dañado el ecosistema del norte de Cozumel. Esto se suma a una investigación por desvío de recursos públicos dentro del organismo.
Según información extraoficial, se detectó un peculado de más de 22 millones de pesos cometido presuntamente por empleadas de CAPA y personal de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF). Parte de estos fondos habrían sido invertidos en criptomonedas y viajes a Europa, sin autorización institucional.
La Fiscalía Anticorrupción ya investiga el caso, que fue denunciado por la dirección jurídica de CAPA, luego de detectar inconsistencias financieras en los ejercicios de 2023 y 2024. Entre los nombres involucrados se mencionan a tres empleadas identificadas como “Lupita”, “Irene” y “Miriam”, esta última presuntamente jefa de departamento.
Además, se indaga a otra trabajadora de la DRAEF, identificada como “Mónica”, quien habría elaborado convenios de liquidación irregulares con adeudos superiores a 200 mil pesos, permitiendo que usuarios liquidaran sus cuentas con pagos mínimos, sin reportar los ingresos.
Cabe recordar que anteriormente ya se había destinado una inversión de 140 millones de pesos para construir un nuevo módulo de pretratamiento y un tanque de lodos activados, pero no existen avances físicos en la planta, lo que ha generado aún más dudas sobre el manejo de recursos en CAPA.
La ampliación de la planta es urgente y necesaria para mitigar los riesgos sanitarios y ambientales que enfrenta Cozumel, pero el contexto de corrupción y desbordamientos ha puesto en entredicho la eficiencia y transparencia del organismo encargado.
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