INE aplaza organización de Consulta Popular

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó el inicio de los trabajos de organización de la Consulta Popular 2021, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda para dotar los recursos necesarios.

Durante la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, informó que el pasado 19 de abril se recibió el oficio en que se informa de la imposibilidad de atender la solicitud presupuestal que hizo el INE y la recomendación de utilizar los recursos con que se cuenta para este año.

Sin embargo, recordó el Consejero Presidente, para este 2021 en que se organiza el Proceso Electoral Federal y los 32 Locales concurrentes, el Instituto sufrió un recorte de 870 millones de pesos, el más grande de la historia aplicado en año de proceso electoral.

“Hoy lamentablemente se concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos por parte de los tres Poderes de la Unión que estuvieron involucrados en la aprobación de esta consulta. No se puede autorizar por esta Junta la utilización de recursos que este Instituto hoy no tiene”, sentenció.

Frente a ello anticipó la necesidad de que en las próximas semanas el Consejo General se pronuncie respecto a esta situación que enfrenta la autoridad electoral, ya que como máximo órgano de dirección deberá definir la actitud y la ruta respecto de este ejercicio ciudadano.

Aprovechó la oportunidad para destacar que, a pesar de la situación, los comicios del 6 de junio no están en riesgo por cuestiones presupuestarias, gracias a los ajustes que se aprobaron derivados del recorte que se vivió.

Al presentar el proyecto, que finalmente fue retirado de la orden del día, el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Sergio Bernal Rojas, señaló que se contempla un monto de 890 millones 472 mil pesos para atender las actividades previstas en la convocatoria de la Consulta Popular aprobada por el Senado de la República.

Esta cifra, dijo, es producto de un esfuerzo entre distintas áreas para lograr una reducción presupuestaria para concretar la organización, desarrollo, coordinación, difusión, ubicación, conformación e integración de casillas, el escrutinio y cómputo, así como la validación de los resultados.

Córdova Vianello recordó que, derivado de esta falta de recursos, el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser la institución que validó la consulta y redactó la pregunta.