Al destacar que las Pensiones para el Bienestar registraron un incremento por tercer año consecutivo y en 2021 ascienden a dos mil 700 pesos bimestrales, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó que el pago de enero-febrero a las personas adultas mayores y con discapacidad lleva un avance de 70 por ciento.
El titular de Bienestar adelantó que en el mes de marzo se cubrirán juntos los montos correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio.
Detalló que en el primer bimestre del año se pagará un total de 23 mil 700 millones de pesos a más de nueve millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad de todo el país.
Precisó que el avance de pago del bimestre enero-febrero es de 16 mil 200 millones de pesos entregados a más de seis millones 327 mil derechohabientes y expuso que el 15 de enero se realizó el depósito a quienes reciben la Pensión para el Bienestar vía bancaria y que del 18 de enero al 18 de febrero se realizan los operativos para entregar el apoyo en efectivo.
Javier May recordó que a partir de la reforma al artículo 4º constitucional, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reconoció tanto a adultos mayores como a las personas con discapacidad permanente no sólo como simples beneficiarios sino como sujetos de derecho.
Amplió que en todo este 2021 la inversión social para personas adultas mayores y personas con discapacidad será de 152 mil 276 millones de pesos entregados a través de las Pensiones para el Bienestar. “Es un derecho constitucional que tienen”, recalcó.
Por otra parte, May Rodríguez subrayó que los Servidores de la Nación son trabajadores del gobierno federal que realizan una tarea importante porque llegan a lugares donde nunca se llegaba para que los programas sociales beneficien directamente a las personas derechohabientes.
Destacó que el personal de la Secretaría de Bienestar está comprometido con la transparencia y afirmó que se trabaja junto con las autoridades electorales para capacitar a los trabajadores de la dependencia federal y evitar un uso indebido de los programas sociales, lo cual es delito grave. “Nosotros no traficamos con la necesidad de la gente”, aseveró.
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