La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó medida cautelar vía tutela preventiva contra Morena para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector, y para que no se vincule a los programas sociales del gobierno federal con el partido político, especialmente en el caso de la vacunación contra la COVID-19.
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja contra Morena por la presunta realización de padrones o registros de personas beneficiarias para acceder a programas gubernamentales, haciendo uso y aprovechamiento con fines electorales.
Lo anterior, con motivo del registro de visitas domiciliares, organización de brigadas y trabajo en las calles que llevan a cabo personas que se identifican con Morena a través de su vestimenta, credencial o indumentaria. Estas personas solicitan datos e información personal a la ciudadanía de su credencial de elector, ofreciendo que podrán ser beneficiadas con distintos programas sociales.
Al respecto, el INE llevó a cabo diferentes diligencias que, de manera preliminar, permiten presumir la existencia de las conductas señaladas, mediante la certificación de videos que circulan por diferentes medios y redes sociales, así como a partir de declaraciones expresas de personas involucradas en las conductas denunciadas que refieren estar contratadas por el partido político señalado.
La posible ilicitud de las acciones señaladas consiste en que el orden jurídico vigente prohíbe que los partidos políticos se apropien o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o gubernamentales, pues éstos son ajenos de las finalidades establecidas para los partidos. Los programas sociales deben ejercerse de manera neutral e imparcial y está prohibido su uso con fines electorales.
Durante la sesión, el Consejero Ciro Murayama señaló que la actuación del prestador de servicios de Morena, al pedir datos de los ciudadanos para ofrecer programas del gobierno federal no es legal: “la distancia entre partido y gobierno se rompe y empieza a haber un uso partidista de esta persona de los programas sociales, aun cuando la ley es muy clara al señalar que los programas sociales son públicos”.
Y añadió: “el acceso a los programas sociales es un derecho de la población; condicionarlos desde un partido es un ejercicio clientelar prohibido por la legislación”.
Asimismo, la Consejera Adriana Favela indicó que: “dichas personas llevan a cabo un uso y aprobación indebida de programas gubernamentales, solicitando para ello información contenida en la credencial para votar”.
Ante la elección del 6 de junio, la Consejera Favela reiteró la importancia de que ningún partido haga “uso indebido de programas sociales o gubernamentales y mucho menos condicionando el voto a favor de ellos”.
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