¿Efectividad y justicia en IEPS a bebidas azucaradas?

Académicos y expertos nacionales e internacionales coincidieron en que el aumento al IEPS aplicado a bebidas azucaradas no solo ha sido ineficaz para mejorar la salud pública, sino que también vulnera principios constitucionales como la equidad, la proporcionalidad y la progresividad tributaria.

Durante el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la Ciencia Jurídica, celebrado en la FES Acatlán de la UNAM, se destacó que este impuesto ha fallado en su supuesto objetivo extra fiscal de reducir enfermedades como la obesidad y la diabetes.

Por el contrario, ha generado efectos adversos tanto económicos como sociales.

Expertos hablan del IEPS a bebidas azucaradas

Uno de los principales argumentos fue que este gravamen afecta más a las personas con menores ingresos, lo que lo convierte en un impuesto regresivo.

Así lo expresó el Dr. Argos Campos Ribeiro Simões, presidente del Tribunal de Impuestos y Tasas del Estado de São Paulo, quien calificó el actual esquema del IEPS como un “error económico tributario”.

En la misma línea, el Dr. Allan Fallet, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, señaló que experiencias similares en países como Reino Unido y Dinamarca fracasaron, provocando distorsiones en el mercado sin mejorar sustancialmente la salud pública.

Desde una visión nacional, el Dr. Gerardo García Silva, profesor de la FES Acatlán, cuestionó que los más de 41 mil millones de pesos recaudados no estén ligados a programas de salud, lo que revela un interés recaudatorio más que preventivo.

“El remedio puede salir más caro que la enfermedad”, advirtió.

Finalmente, la Dra. Elba Jiménez Solares, también de la FES Acatlán, añadió que el aumento del impuesto a más de $3 pesos por litro atenta contra derechos fundamentales como la alimentación, la salud y el trabajo.

Además, advirtió sobre el impacto en más de 60 mil pequeños comercios, según cifras de la ANPEC.

Los especialistas llamaron a replantear esta política fiscal y a diseñar medidas realmente efectivas y justas, en concordancia con la Constitución Mexicana y con un enfoque de derechos humanos.