Detienen a vinculados con Gómez Mont y su esposo

México 21 enero._ La Fiscalía General de la República (FGR) ya detuvo a tres personas vinculadas con la investigación en la que está involucrada la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, según revela Expansión.

La FGR relató que obtuvo siete órdenes de aprehensión y que en los casos de las personas imputadas que huyeron del país, como el caso de Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja de Interpol. Es decir, ahora son buscado en más de 180 países.

Desde noviembre de 2019 investiga a la pareja y a otras cinco personas por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso tres personas fueron detenidas. Se trata de Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras. Los tres ya están en penales federales.

Se destaca que Edgardo Mauricio ‘V’, Rosario ‘A’, Margarita ‘C’, Ricardo ‘P’, Mauricio ‘R’ y siete empresas son otras personas que figuran en el expediente de la FGR.

«Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal. Bajaban cargas tributarias y ocultaban operaciones. Con eso dificultaban el rastreo de esos recursos», señala la fiscalía.

El modus operandi, de acuerdo con la carpeta de investigación, era la celebración de diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

Utilizaban comprobantes fiscales digitales por internet. Eso encubría operaciones falsas y aparentaba actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban.

También había servidores públicos

Según la FGR, la organización principal de estas operaciones estaba a cargo de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes recurrían a supuestos representantes de personas morales.

Existía un grupo formado por Héctor ‘Z’, Armando ‘R’, José ‘O’, Ricardo ‘C’ y Yareli ‘C’, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. Y en esa estructura se encontraron a Eduardo ‘G’, Paulo ‘U’, Emanuel ‘C’, Jesús ‘P’ y Jorge ‘N’.

Se investigan dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social que cerraron contratos por 2,950 millones de pesos. «Cada una de esas células se integraba con las otras para cometer los delitos que ahora se persiguen», enfatiza la FGR.

Respecto a una de las empresas que intervino en la red de triangulación de recursos, se encontró que su apoderado legal, Héctor ‘Z’, recibió más de 2,500 millones de pesos por las operaciones referidas.

Mientras que de la probable participación de Gabriel ‘M’, quien figuró como accionista de otra de las empresas investigadas, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones antes de que iniciaran las operaciones ilícitas.