Organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob) alertaron sobre las consecuencias de la desaparición el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Lo anterior, luego de que la Cámara de Diputados discutió eliminar de 109 fideicomisos, como parte de los proyectos de combate a la corrupción y austeridad republicana.
“El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021”, remarcaron organizaciones civiles.
Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar, aceptó que estos instrumentos financieros requieren de modificaciones y un fortalecimiento para asegurar su transparencia, pero descartó que la desaparición de los mismos sea el camino adecuado.
Indicó que los fideicomisos tienen reglas de operación y el objetivo es para que sean usados con fines establecidos, por lo que si llegaran a desaparecer, las dependencias continuarían con el financiamiento pero sin estar sujetas a reglas para el ejercicio del dinero.
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