Acusan a Gabriel Arellano por actos anticipados de campaña en Aguascalientes

Con información original de Excélsior 

Ciudad de México, 06 Febrero.- El expriista y ahora empresario Gabriel Arellano Espinosa refuerza sus intenciones de contender por la presidencia municipal de Aguascalientes, con actos anticipados de campaña, como espectaculares con colores llamativos y con la leyenda “El Gabriel” que ya se observan en las calles de ese estado.

Luego de ser electo en 2008 como presidente municipal de la capital de Aguascalientes, en gran parte por sus alianzas empresariales con miembros del CANACINTRA y el PRI, partido en el que inició su carrera política hace más de 30 años, fue su ambición política las que lo llevaron a dejar el cargo en 2010 para buscar la gubernatura del estado cobijado por ese partido, sin embargo, solo logró ser candidato a diputado local por la vía plurinominal.

Uno de los más destacados, fue la compra irregular del helicóptero municipal con una factura sin IVA y cuyo precio comercial era mucho menor a los 25 millones de pesos que la presidencia municipal pagó a una empresa mexicana que no se responsabilizó por la importación. Tiempo después, se descubrió que la aeronave adquirida era usada, mientras que en la orden de compra se señalaba como nueva.

Asimismo, fue durante la administración de Arellano Espinosa, que fue detenido el titular de Seguridad Pública Municipal, Jesús Manuel García Salcido, designado por el propio Arellano y a quien se le relacionó con el crimen organizado.

Los índices de inseguridad crecieron, hubo poca claridad en las funciones organizacionales de la corporación y además se pagó a un grupo de Chihuahua denominado “CALEA”, para que fueran los principales consultores en la materia”, recuerdan expertos.

Arellano Espinosa también ha sido señalado de evadir impuestos de la nómina municipal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para lo cual pagó 6.9 millones de pesos a una empresa denominada Desarrollo de esquemas Laborales S.C.

En su momento, fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el presunto manejo irregular de 200 millones de pesos que estaban destinados para la seguridad pública, sin que hasta el momento exista un dictamen.