Dan revés a Ley del Agua en BC

Ciudad de México, 18 Ene.- Después de varias manifestaciones en contra de La Ley del Agua, el gobernador de Baja California, Francisco Vega, envió al Congreso local una iniciativa para abrogar el decreto. Dicha ley era señalada por opositores como el inicio de la privatización del servicio de agua potable en la entidad.

«He decidido enviar al Congreso una iniciativa para abrogar la Ley del Agua y dejar sin efecto legal su contenido», dijo el mandatario en entrevista con Denise Maerker para Grupo Fórmula.

El funcionario aseguró que la ley nunca tuvo como fin privatizar el agua y reconoció que hizo falta dar a conocer a la ciudadanía cuál era su propósito.

«Lo que sí tengo que aceptar es que nos faltó la socialización; el propósito es claro y lo conocemos, pero que quede claro, no se privatiza el servicio, nunca lo he solicitado, ni lo llevará ninguna institución privada», afirmó el gobernador.

Francisco Vega aseguró que tomó esta decisión pensando en el sentir de los habitantes del estado, ya que no podía desestimar sus demandas.

«Esta decisión es determinante y se da a solicitud de un amplio sector de la sociedad. Soy sensible a lo que los ciudadanos sienten y opinan», dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

Destacó que con esta decisión se eliminan los incrementos en el precio del agua, pero advirtió que es importante modernizar la red de suministro de agua y drenaje, por lo que en los próximos días se reunirá con técnicos, académicos y especialistas para establecer «un nuevo ordenamiento para hacer frente a los retos en la materia».

¿En qué consistía la Ley del Agua?

La Ley Estatal de Aguas para Baja Californian fue propuesta por Francisco Vega de Lamadrid y aprobada el pasado 20 de diciembre con 15 votos a favor de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con los legisladores que votaron en contra, dicha ley era el inicio de la privatización del servicio de agua potable e impactaría económicamente a la población del estado, pues aumentarían las tarifas y se suspendería el servicio a quienes no cumplieran con el pago por más de 90 días.

Los puntos controvertidos de la legislación se centraban en la intervención de la iniciativa privada en la “prestación total o parcial del servicio público”, que implicaría la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos; el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas y la administración, operación y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.

 

Con información de Milenio