La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene activa la ficha de búsqueda contra Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.
Ello, a pesar de que el pasado 5 de abril el narcotraficante mexicano obtuvo su libertad tras cumplir una condena de 40 años de prisión en México. Se le acusa del secuestro y asesinato del agente encubierto Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, crímenes cometidos en 1985.
En el sitio oficial de la DEA, Fonseca Carrillo figura como fugitivo por múltiples violaciones federales. Eso incluye “secuestro y asesinato de un agente federal, extorsión, complicidad, encubrimiento, y conspiración para cometer crímenes violentos en apoyo de la extorsión”.
La ficha, ilustrada con una fotografía en blanco y negro, lo describe como un hombre nacido en 1942, de cabello y ojos color café, con una estatura de 1,75 metros (5′9″) y un peso aproximado de 73 kilogramos (161 libras).
“Advertencia: Armado y peligroso, anteriormente empleado como abogado”, advierte la ficha, bajo jurisdicción del Distrito Central de California, donde se le requiere para enfrentar cargos penales pendientes.
En la ficha oficial de la DEA, Ernesto Fonseca Carrillo aparece con múltiples alias utilizados a lo largo de su carrera criminal. Entre los nombres alternativos registrados figuran “Don Peto”, “Don Neto”, “El Jefe”, “El Lic”, “El Papi”, “Escobedo Ingeniero”, “Juan Escobedo”.
A Fonseca Carrillo lo arrestan en abril de 1985 en una playa de Puerto Vallarta, Jalisco. Luego fue sentenciado por tribunales mexicanos a 40 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Camarena y Zavala.
En 2016, un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad avanzada y su delicado estado de salud. Por eso lo trasladaron a una residencia en el fraccionamiento Hacienda Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
En 2015, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente su extradición para procesarlo por los mismos hechos. Sin embargo, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, rechazó la petición al considerar que violaría el principio constitucional mexicano de non bis in ídem.
Eso impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito. La decisión se basó en la opinión de un juez federal, que consideró que la extradición no procedía.
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