Desaparecerían 45 fideicomisos; se reasignarán para atender efectos de COVID-19

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Morena en la Cámara de Diputados está a punto de consumar la desaparición de 45 fideicomisos “sin estructura” a fin de que sus fondos sean transferidos a la Tesorería de la Federación y se reasignen para atender los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y para financiar los programas sociales del gobierno.

Se trata de fideicomisos que administran fondos con objetivos tan diversos como apoyar la investigación científica, garantizar la reparación del daño a víctimas de la violencia, estimular la producción del cine nacional, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos bajo amenaza de muerte o atender a las regiones afectadas por desastres naturales.

De acuerdo con un proyecto que será votado el martes en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública –controlada por una avasalladora mayoría morenista–, los fideicomisos que se prevé desaparecer cuentan con recursos por 36 mil 058 millones de pesos, con corte al 31 de marzo de este año, mismos que deberán ser transferidos a la Tesofe.

“El monto reportado en disponibilidades de estos fideicomisos se reasignaría a acciones para atender los efectos de la pandemia del COVID-19 en temas de salud y economía, así como garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar”, indica la propuesta, que, de avanzar el martes, aún deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara baja.

El proyecto –que obedece a un mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador– ordena extinguir los fideicomisos en un plazo de 30 días tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación; esto significa que los fines a los que estaban destinados podrían quedar desatendidos en lo que resta del año, lo que representa un riesgo para la vida en el caso de fondos emergentes como el de víctimas, el de protección a defensores de los derechos humanos o el de desastres naturales.

La propuesta plantea reformas a diversas leyes para extinguir o modificar los fideicomisos, y fue elaborada tras la realización de 10 Parlamentos Abiertos en los que participaron legisladores, especialistas y beneficiarios directos de los fondos que se planea desaparecer. Al final, según consta en el documento, las peticiones de los usuarios fueron desoídas.

Por ejemplo, durante los foros de consulta sobre el fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tiene 1 mil 206 beneficiarios actualmente–, los participantes advirtieron que su desaparición podría poner en riesgo la vida, seguridad y libertad de sus usuarios.

La solución de la Comisión de Presupuesto es desaparecer la figura de fideicomiso y que los recursos para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos sean etiquetados como parte del gasto ordinario autorizado a la Secretaría de Gobernación en cada ejercicio fiscal, pese a las advertencias de que ello podría implicar más trámites burocráticos para los beneficiarios, así como recortes discrecionales.

En el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral -un mecanismo financiero de apoyo a víctimas de la violencia-, el órgano legislativo propuso la extinción del fideicomiso y que los recursos para ese fin sean cubiertos con cargo al presupuesto ordinario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las Comisiones estatales.

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