El caso de Víctor Arámburu es más que un despido. Es un recordatorio de que en la era digital, la responsabilidad no se apaga cuando termina la transmisión.
El conductor de Lo más absurdo de los medios en Capital 21 fue separado de su cargo luego de que la Defensoría de Audiencias comprobara más de 300 publicaciones en redes sociales con ataques, burlas y expresiones machistas contra un grupo de periodistas.
No se trata de censura, sino de coherencia.
El Código de Ética de un medio público establece principios como igualdad de género, respeto y no discriminación.
Quien se presenta como la imagen de un canal estatal no puede, al mismo tiempo, usar su plataforma personal para reproducir violencia digital.
Las denuncias de La Mesa Roja detallan insultos directos como “pluma rancia” y “mente deficiente”, acompañados de la difusión de fotografías y ataques a familiares.
Más que simples opiniones, son acciones que construyen un entorno hostil con la intención de intimidar.
Lo interesante aquí es el precedente: la Defensoría no solo revisó lo que pasó en pantalla, sino lo que ocurre fuera de ella.
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