El jueves 16 de octubre se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recibió la instrucción de investigar a fondo a diversas empresas presuntamente vinculadas con las muertes de los dos fotoperiodistas, ocurridas durante el festival Axe Ceremonia 2025.
La orden judicial surge tras el amparo concedido a familiares de víctimas y colectivos, quienes cuestionaron la transparencia y el avance de las indagatorias abiertas por el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el evento realizado en el Parque Bicentenario.
Las familias fueron abordadas por los medios de comunicación donde comentaron ante los micrófonos, que la resolución exige reexaminar la posible responsabilidad administrativa, penal y empresarial en el caso.
De igual manera los familiares de las víctimas argumentaron omisiones e irregularidades en la integración del expediente de investigación inicial, pues autoridades habrían omitido profundizar en la cadena de mando, la contratación de empresas privadas y el cumplimiento normativo de los organizadores.
Fue entonces que este 16 de octubre, el tribunal remarcó a la FGJCDMX la obligación de convocar a las empresas potencialmente involucradas y recabar testimonios de directivos responsables.
Asimismo, instruyó revisar reportes de Protección Civil, contratos, facturas y permisos otorgados tanto por el gobierno local como por las instancias federales con competencias en espectáculos masivos. La investigación tendrá que incluir el análisis de acuerdos comerciales y verificar que se hayan cumplido las regulaciones aplicables durante la realización del festival.
Las familias continúan exigiendo que se garantice una pesquisa imparcial y transparente que contemple la reparación integral para las víctimas.
Hasta el momento, ni los organizadores del festival ni las empresas aludidas han emitido un comunicado público sobre la reciente orden judicial. El proceso judicial establece que la fiscalía debe informar periódicamente sobre los avances de la investigación y transparentar los hallazgos ante la autoridad judicial y las familias afectadas.
Fuente: Infobae
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