Ciudad de México, 27 Abril.- Desde 2012 a la fecha el gobierno de Miguel Ángel Mancera a renovado unas 6 mil 500 patrullas, sus características particulares están encriptadas y se podrán dar a conocer hasta el 2023 por cuestiones de seguridad.
Con base a la Ley de Transparencia la administración local no ha revelado los detalles sobre la compra de las patrullas.
El argumento de la Secretaría de Seguridad Pública es que revelar las características de las patrullas, que vigilan la ciudad durante las 24 horas de los 365 días del año, podría obstaculizar la prevención del delito.
De acuerdo a los expedientes en algunos casos la información se ha revelado hasta siete años después en el Comité de Transparencia de la secretaria.
En este caso será hasta mayo del 2023 cuando la ciudadanía pueda conocer los anexos técnicos de la compra de 160 unidades que el Gobierno de la Ciudad de México hizo a la empresa “AutoMundo”.
En la versión pública del contrato SSP/BE/A/258/2015, únicamente se puede saber el número de vehículos adquiridos y el monto de la compra, que en este caso asciende a los 101 millones 430 mil pesos.
En agencia, el modelo más reciente al menudeo es de 540 mil pesos; sin embargo, el gobierno local pagó 609 mil 960 pesos por cada una de las 49 unidades que adquirió, ya dotadas de equipo de comunicación.
El 1 de septiembre de 2016, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública emitió un acuerdo de clasificación de información de acceso restringido, en su modalidad de Reservada y Confidencial.
“… difundir la información requerida obstaculizaría la prevención de delitos, en atención a que la misma contienen especificaciones técnicas de los equipos de radio comunicación, visual y acústica de las patrullas y moto patrullas, calibre del blindaje, balizamiento; especificaciones que de darse a conocer obstaculizarían el desempeño de las funciones de seguridad pública. El conocimiento público de la misma pondría al descubierto la calidad y características de los medios que esta Secretaría utiliza en el desempeño de sus funciones de prevención del delito”, dice el acuerdo
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