América del Norte lleva años operando con un piso salarial regional. Está en las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá: una proporción del contenido laboral de ciertos vehículos y componentes debe producirse con salarios de al menos 16 dólares por hora para que el producto goce de preferencias arancelarias. Los tres gobiernos aceptaron el principio de que el comercio puede condicionarse a lo que gana quien produce. Lo que nunca aceptaron es extenderlo más allá de la planta automotriz y hacer que se cumpla.
Ese es el punto de partida de la propuesta que Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), ha puesto sobre la mesa mientras los tres países revisan el acuerdo: un piso salarial regional de 7.25 dólares por hora con pago semanal de 56 horas para América del Norte. No es un número elegido al azar ni una cifra automotriz; es una fracción del estándar que el tratado ya considera razonable para los autos, aplicada al resto de la economía que el mismo tratado integró.
La revisión del T-MEC, sostuvo el dirigente en entrevista con el programa «The 11 O’Clock Hour», es la oportunidad para replantear las condiciones bajo las cuales se trabaja en la región y para colocar el poder adquisitivo de los trabajadores entre los objetivos centrales de la integración. La distinción importa. Durante tres décadas, el eje de la integración norteamericana fue la reducción de costos: dónde producir más barato, con qué logística, bajo qué régimen fiscal. El salario apareció en esa ecuación como un costo a contener, no como un resultado a perseguir. La consecuencia, resumida por el dirigente mexicano, es que la región generó más riqueza sin que sus beneficios se distribuyeran de manera suficiente entre quienes la producen.
El argumento del SNAC no es únicamente de justicia. Es, sobre todo, de mercado. Un trabajador que participa en la cadena productiva pero no puede comprar lo que ayuda a fabricar es un consumidor ausente, y una región con millones de consumidores ausentes es una región que depende de exportar su demanda a otros. La crisis de asequibilidad que hoy discuten los tres países, con la vivienda, los alimentos y los servicios básicos en el centro, tiene en el salario una de sus variables más directas. Elevar el piso regional, plantea el dirigente, reduce además el incentivo para que las empresas construyan su competitividad sobre mano de obra barata, un modelo que el propio capítulo laboral del tratado, con sus obligaciones exigibles en materia de asociación y negociación colectiva, ya empezó a desmontar por la vía de la aplicación.
Del automóvil al resto de la economía
Hay un matiz que los lectores en Washington y Ottawa deberían tener presente. La propuesta no pide a Estados Unidos ni a Canadá que suban sus salarios; pide que la región deje de premiar con acceso preferente a su mercado a quien compite pagando por debajo de un mínimo común. Es la misma lógica que hizo aceptable la regla de los 16 dólares para el sector automotriz, sólo que esta vez el beneficiario no es una industria con capacidad de cabildeo en tres capitales, sino la fuerza de trabajo de la que dependen la industria alimentaria, el comercio y los servicios.
La ventana de negociación está abierta. México y Estados Unidos iniciaron en marzo de 2026 el proceso de revisión conjunta del T-MEC, con objetivos que incluyen fortalecer las cadenas de suministro regionales y procurar que los beneficios del acuerdo se concentren en los países integrantes. La dimensión laboral ya forma parte de esa agenda. La pregunta es si entrará como lo que ha sido hasta ahora, un mecanismo de vigilancia sobre la libertad sindical, o como lo que el SNAC propone que sea: una herramienta para convertir la integración comercial en un instrumento para elevar salarios y poder adquisitivo.
Para los negociadores mexicanos el dilema tiene una arista adicional. Un piso regional expresado en dólares es también una defensa frente a la presión de mantener la ventaja competitiva del país en el salario bajo, una ventaja que cada revisión del tratado erosiona un poco más y que los socios comerciales ya no aceptan como legítima. Anclar la conversación en la capacidad adquisitiva, y no sólo en el cumplimiento de obligaciones, cambia el lugar de México en la mesa: de país vigilado a país que propone el estándar.
El propósito, en palabras de Alejandro Martínez Araiza, es que trabajar dentro de América del Norte deje de significar simplemente producir a menor costo y se traduzca en la posibilidad real de que quienes generan esa riqueza puedan consumirla y vivir con dignidad. Los tres países ya escribieron ese principio en su tratado. Sólo lo escribieron para los autos.
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