La reciente diligencia ministerial realizada en las instalaciones logísticas de la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José de Iturbide, puso bajo el foco público la operación de uno de los nodos de almacenamiento más relevantes del Bajío. Frente a las versiones preliminares surgidas tras el operativo, especialistas del sector industrial y analistas energéticos han precisado la naturaleza corporativa del inmueble, descartando que el combustible inspeccionado en Guanajuato guarde relación con redes de comercio clandestino o con la sustracción ilícita de hidrocarburos.
Claridad técnica frente a la inspección ministerial
El informe de las autoridades federales consignó la revisión de 10 tanques que concentran 59 millones 36 mil 870 litros de producto, distribuidos en 33,5 millones de litros de gasolina regular, 7,2 millones de gasolina premium y 18,2 millones de diésel, además del aseguramiento preventivo de tres vehículos de carga y registros contables. Lejos de constituir un centro de acopio irregular, consultores como Gonzalo Monroy y el analista periodístico Arnoldo Cuéllar han enfatizado que el procedimiento obedece a una fase indagatoria temprana sin elementos que acrediten conductas delictivas. Monroy recordó que este complejo funge como infraestructura estratégica de custodia para terceros, cuya capacidad resultó determinante para garantizar la continuidad del suministro regional durante las contingencias de desabasto enfrentadas en 2019.
Un modelo logístico de custodia para terceros
El esquema operativo de la terminal en San José de Iturbide descarta la compraventa directa o la propiedad de los petrolíferos. Su actividad mercantil se rige exclusivamente por contratos de guarda, trasvase y almacenamiento para comercializadoras privadas y gigantes energéticos que operan con permisos vigentes en el país, tales como ExxonMobil, Marathon Petroleum y Shell, además de brindar soporte a flujos vinculados con Petróleos Mexicanos.
Trazabilidad documental y certeza regulatoria
El origen de la diligencia se desprende de una indagatoria conexa iniciada en julio pasado por descargas registradas en San Luis de la Paz. No obstante, en la planta de La Fragua el personal ministerial encontró operaciones administrativas formales, contratos mercantiles y registros aduanales en orden. El desahogo del expediente descansa actualmente en el cotejo pericial de cartas porte, de pedimentos de importación y de facturación fiscal, instrumentos que respaldan la legalidad del volumen almacenado y la cadena de custodia en el corazón logístico del Bajío.
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