Yasmín Esquivel Mossa destacó la decisión tomatada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la disposición que facultaba al Congreso de Baja California para hacer el nombramiento del titular de su Órgano Interno de Control (OIC).
De acuerdo con la ministra, el fallo emitido el pasado 8 de abril del año en curso refuerza la autonomía de los tribunales de justicia administrativa, particularmente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, ente que presentó la controversia por las normas locales que facultaban al congreso local.
“Estamos hablando de una figura clave en los sistemas de control interno, ya que se encarga de supervisar y garantizar la correcta gestión de los recursos públicos dentro del propio tribunal” manifestó.
Asimismo, Esquivel Mossa advirtió que dicha decisión no elimina la fiscalización, pues el tribunal seguirá sujeto a revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado, garantizando de paso su independencia.
“La decisión no exime al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California de los procesos de revisión que realiza la Auditoría Superior del Estado; ya que, aunque se anule la intervención del Congreso local en la designación del titular del OIC, el Tribunal continuará sujeto a los procesos de control y fiscalización ordinarios” detalló.
La ministra también destacó que el nombramiento por parte del Congreso del titular del OIC trasgredía los principios constitucionales de autonomía e independencia que deben regir en la administración de justicia, en particular en el ámbito contencioso-administrativo; además que, podía comprometer la imparcialidad y la autonomía del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Yasmín Esquivel agregó que la resolución de la SCJN también tiene implicaciones significativas para la autonomía de los tribunales administrativos en México, sobre todo porque los órganos encargados de impartir justicia, especialmente los relacionados con la fiscalización y control de los recursos públicos, deben operar con plena independencia, sin injerencia de otros poderes que influyan en sus decisiones.
Cabe destaca que, la controversia sugirió luego de que pretendía activarse una disposición legislativa del Estado de Baja California que facultaba al Congreso local para nombrar al titular del OIC del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
