¿Se cumple el derecho a la salud en México?

Es necesario pasar de la retórica vacía que ilustra un gobierno débil a acciones definidas que aseguren el cumplimiento del derecho a la salud de todos los mexicanos.

Ciudad de México, 15 Agosto.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el derecho a la salud como la creación de las condiciones por parte de los Estados que permiten que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria [1].

La reflexión sobre el cumplimiento de este derecho, implica pensar en una multiplicidad de factores relacionados no solo al acceso a los servicios de salud, sino a la eficacia y eficiencia de las funciones desempeñadas por nuestro Sistema Nacional de Salud (rectoría, financiamiento, prestación de servicios, generación de recursos y vinculación con otros sectores). Hago referencia a la cobertura universal en salud, que ha sido el tema central de la agenda global en salud, definida como el acceso universal a servicios de salud integrales a un costo razonable y sin riesgos financieros mediante la protección contra gastos catastróficos en salud [2]. Es en este contexto que enmarco mi opinión sobre el cumplimiento del derecho a la salud en México.

En su artículo sobre la cobertura universal en salud, Knaul et al. (2013) [3] analiza el camino hacia la cobertura universal en México, documentando los importantes avances y desafíos que nuestro país ha alcanzado en materia de cobertura universal mediante la reforma constitucional de 2003. “La reforma de 2003, fue motivada en gran medida por los desequilibrios que requerían una armonización financiera de los proveedores públicos. Además, antes de 2003, el sistema se caracterizó por el reducido gasto total en salud, el predominio del gasto privado de bolsillo, la asignación inequitativa de recursos públicos entre asegurados y no asegurados y entre estados, la desigual contribución estatal al financiamiento de la salud, y la inversión insuficiente en equipamiento e infraestructura” [4]. Como respuesta, se crea el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) cuyo componente más importante es el Seguro Popular (SP), que implicó una reforma legislativa centrada en la reestructuración financiera para corregir estos desequilibrios garantizando el acceso a un paquete explícito y amplio de servicios esenciales, así como a un paquete de intervenciones más costosas y especializadas asociadas con enfermedades y condiciones de salud específicas.

Esta reforma se propuso fortalecer la salud pública mediante innovaciones que promueven la protección de los pacientes y combaten los riesgos para la salud (creación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –Cofepris), además de buscar innovaciones para promover la protección financiera.

La reforma presentó impactos positivos en indicadores de estructura y proceso (mercado laboral, desarrollo económico y financiamiento), cobertura efectiva, estado de salud y protección financiera. Hasta diciembre de 2014, más de 57 millones de mexicanos que antes no contaban con seguro de salud se incorporaron al SP. La mayoría de ellos, de los estratos de ingreso más bajos. Con recursos del SP se contrató personal adicional y se ha ampliado el acceso a los medicamentos esenciales.

Si bien se han tenido avances importantes, México aún encara importantes retos para lograr un Sistema Nacional de Salud Universal que atienda a las necesidades de servicios de salud con calidad y con protección financiera pública para toda la población.

Sabemos que el Sistema Nacional de Salud enfrenta un acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), vinculado a cambios en los estilos de vida y el envejecimiento de la población. En este contexto, grupos de la sociedad civil han llevado a cabo estudios recientes sobre los retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud [5] y sobre calidad y acceso efectivo a la salud [6].

Las ECNT incrementarán su peso hasta en 32% para 2030, por lo que México tiene que multiplicar los servicios de salud entre 52% y 123% para atender este tipo de padecimientos de hoy y lo que se espera para 2030. El déficit de recursos para la salud es preocupante y se estima que aumente los próximos años.

Si bien la cobertura de intervenciones ha aumentado, es necesario que el sistema aumente la cobertura para intervenciones dirigidas a abatir las ECNT e intervenciones de alta prioridad para el total de la población. En términos de protección financiera, el gasto de bolsillo en salud sigue siendo un gran reto en la agenda de salud, además de que aún 16% de los mexicanos carecen de protección financiera. La inversión en el sector salud está muy por debajo de lo necesario para ofrecer los servicios de salud requeridos, por lo que México debe multiplicar al menos por 7.5 veces el nivel actual de inversión en salud.

La evidencia reciente expone los enormes retos del Sistema y presenta recomendaciones concretas para un mejor desempeño del sistema. Por ejemplo, se propone lograr la integración de la provisión de los servicios de salud, crear competencia en la gestión de fondos públicos para contribuir a la inversión, aumentar la eficiencia del gasto en salud, y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

En conclusión, para responder a la pregunta: ¿se cumple el derecho a la salud en México? No me atrevo a dar una respuesta negativa, porque es necesario reconocer los esfuerzos que se han llevado a cabo para mejorar el acceso a los servicios de salud y reducir la prevalencia de los gastos en salud catastróficos y empobrecedores, especialmente entre los pobres. Sin embargo, tampoco me atrevo a decir que se cumple este derecho de manera plena.

El contexto actual y el pronóstico del panorama en el futuro me permiten concluir que se requiere retomar la agenda de la universalidad de los servicios en México. Es urgente la colaboración entre los diferentes sectores que haga posible la integración del Sistema, crear un nuevo modelo de atención a la salud adecuado a la realidad nacional, fortalecer la inversión, aumentar la eficiencia del gasto y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. Se requieren de profundas reformas tendientes a introducir incentivos a la inversión pública y privada, a la innovación y a la competitividad en todo el Sistema Nacional de Salud.

Espero que muy pronto la agenda pública en salud se active para pasar de discursos sobre universalidad y nuevos modelos de atención, a ideas y propuestas concretas con objetivos específicos de acción. Es necesario pasar de la retórica vacía que ilustra un gobierno débil a acciones definidas que aseguren el cumplimiento del derecho a la salud de todos los mexicanos.


Referencias:
[1] Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
[2] WHO. World Health Report 2010. Health systems financing. Path to universal coverage. Geneva: World Health Organization, 2010.
[3] Knaul, F. M., González-Pier, E., Gómez-Dantés, O., García-Junco, D., Arreola-Ornelas, H., Barraza-Lloréns, M., … & Frenk, J. (2013). Hacia la cobertura universal en salud: protección social para todos en México. Salud Pública de México, 55(2), 207-235.
[4] Idem.
[5] Miguel A. González Block, Diagnóstico de los retos al Sistema Nacional de Salud Universal. México DF, Funsalud, Consejo Promotor de Competitividad y Salud, 2015.
[6] Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Noviembre 2015. Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud.

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