¿Cuántos gobernadores más?

La Semana Santa de 2017 será recordada por las aprehensiones de Yarrington y Javier Duarte. Dos exgobernadores priistas de entidades del Golfo de México, dos historias ejemplificativas de los excesos que prevalecen en los gobiernos subnacionales, dos muestras del grave colapso que por corrupción e impunidad viven las instituciones del país.

Ponerse en los zapatos del otro

Armando Ríos Piter

@RiosPiterJaguar

Ciudad de México, 18 Abril.- Tras cinco años prófugo, Tomás Yarrington fue detenido en Florencia, Italia. Su captura, más que ser un acierto de la Procuraduría General de la República, fue resultado del proceso que se le sigue en Estados Unidos, y por solicitud de autoridades de ese país.

The Wall Street Journal publicó que mientras Tomás Yarrington se encontraba prófugo de la justicia, acusado de haber recibido sobornos de los cárteles del Golfo y Los Zetas, por tráfico de drogas y lavado de dinero en México y Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas tenía como guardaespaldas a ocho policías pagados con recursos públicos, y el gobierno federal estaba al tanto de ello.

De acuerdo con la investigación de dicho medio, la orden de asignación de los guardaespaldas fue firmada por el jefe de la Policía de Investigación en el gobierno de Egidio Torre Cantú y, en todo momento, esto fue de conocimiento de las dependencias del gobierno federal.

Por otro lado, el sábado fue detenido en Guatemala el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalado en México de cometer delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A Duarte se le ha atribuido la conformación de una amplia red de “empresas fachada”, misma que era operada por medio de prestanombres y gracias a la cual fue posible el desvío de miles de millones de pesos del erario.

¿Acaso estas aprehensiones derivarán en un verdadero desmantelamiento de las redes de corrupción a su alrededor? ¿O simplemente serán casos de personajes caídos de la gracia del sistema y que el gobierno intentará “vender” en su beneficio durante el periodo electoral?

En reiteradas ocasiones he comentado sobre las cinco C’s que conlleva el ciclo que da origen a la corrupción en México: Campañas políticas, Compra de Votos, Clientelas, Compadres y Contratos. Tras las detenciones de Javier Duarte y Yarrington, habría que añadir una letra C: la de Crimen Organizado.

En lo que se refiere al PRI, no se trata ya de casos aislados, sino de una lista que es ya muy larga. Aquí tan sólo un breve recuento de asuntos recientes, relacionados con gobernantes estatales que están o han estado sujetos a proceso, en alguna instancia nacional o internacional:

1) Humberto Moreira, Coahuila. Delitos de malversación y blanqueo de caudales públicos.

2) César Duarte, Chihuahua. Daños al erario por seis mil millones de pesos.

3) Roberto Sandoval Castañeda, Nayarit. El fiscal en su gobierno, detenido por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

4) Rodrigo Medina, Nuevo León. Delitos de peculado y daño patrimonial.

5) José Jesús Reyna, Michoacán. Vínculo con los Caballeros Templarios.

6) Roberto Borge, Quintana Roo. Venta ilegal de bienes públicos.

7) Andrés Granier, Tabasco. Desvío de mil 200 millones de pesos.

8) Tomás Yarrington, Tamaulipas. Vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

9) Javier Duarte, Veracruz. Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Nadie puede afirmar que esta lista sea exhaustiva o definitiva; tampoco que sólo se trate de militantes del PRI. El fenómeno está presente en representantes de todas las fuerzas políticas a lo largo de la historia reciente. Por lo tanto, el problema es mucho más profundo y debe analizarse con mucho mayor detenimiento si es que verdaderamente busca corregirse.

Más que nota de coyuntura, los sucesos de esta semana deben servir para analizar las distorsiones que persisten en los gobiernos estatales, desde el endeudamiento extremo, la malversación de los recursos públicos, hasta la convivencia con la actividad criminal. Estas actividades van más allá del comportamiento particular de un mandatario, se han convertido en un modus operandi que permea nuestro sistema político a nivel de entidades federativas. ¿Alguien estará poniendo sus barbas a remojar?

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