Ayotzinapa, Acapulco y Anticorrupción

El domingo la costera Miguel Alemán en el puerto de Acapulco, fue escenario de una cruenta balacera entre grupos criminales y policías

Ciudad de México, 28 Abr.- El pasado domingo 24 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó ante la opinión pública, el II Informe sobre el caso Ayotzinapa, que muestra evidencias para refrendar que los 43 normalistas desparecidos, no fueron calcinados en el basurero de Cocula. Esto en contraposición de la “verdad histórica” que defiende la PGR.

Ese mismo día pero por la noche, la transitada costera Miguel Alemán en el puerto de Acapulco, fue escenario de una cruenta balacera entre grupos criminales y policías. Situación que no sólo provocó miedo entre sus habitantes, sino que ha repercutido en la vida económica del puerto. Basta ver las recientes imágenes de restaurantes, hoteles y calles vacías.

Estos dos eventos tienen algo en común. El eje en el que gravitan es una corrupción imperante y que hoy tiene penetrado al Estado mexicano en su función principal de garantizar seguridad.

En Iguala, fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, atestiguaron cómo los policías entregaron a estudiantes de Ayotzinapa, a sicarios para desaparecerlos. En Acapulco, como en muchas partes del país, la permisividad para que existan redes criminales que trafiquen armas y drogas, ha creado un escenario caótico.

El martes pasado se cumplieron 19 meses desde que los normalistas fueron desaparecidos. El gobierno federal está más ocupado en imponer su versión de los hechos.

La reciente editorial del New York Times es demoledora: “El reporte del GIEI es una condena a un corrupto sistema de justicia mexicano, además de revelar la falta de voluntad del Gobierno para reformarlo”.

¿Por qué no aprovechar la ayuda internacional? ¿Porqué no enfocar todos los esfuerzos para dar justicia y verdad a las víctimas? Al contrario, el tiempo concedido por el gobierno para que el grupo de expertos realice sus indagatorias, ha caducado.

Las investigaciones del GIEI sobre el caso Ayotzinapa muestran a instituciones que realizaron peritajes dudosos; que pasaron por alto líneas de investigación como la de un quinto autobús; incluso con sospechas de que se sembró evidencia. Conclusiones que ponen en duda las indagatorias oficiales.

Frente a estos hechos, desde el Senado realizamos dos solicitudes concretas. Primero, que el gobierno presente un informe respecto a los señalamientos del grupo de expertos, además de reconsiderar su permanencia. Segundo, ante las evidencias de una estrategia fallida para recuperar la seguridad en Guerrero, pedimos a la federación que presente un plan de acción que verdaderamente brinde tranquilidad a Acapulco.

Sin embargo, desapariciones y balaceras se seguirán reproduciendo, si no se combate a fondo el problema de corrupción que les nutre y da oxígeno.

Por ello es tan grave la actitud que han asumido el PRI y el PVEM en el Senado frente a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Han secuestrado la discusión a lo largo de dos semanas; han buscado achicar los alcances de la Reforma Constitucional, y eliminaron el debate público para hacer las cosas en lo “obscurito”.

Es necesario construir un andamiaje legal que contenga castigos severos, con fiscales e investigaciones independientes, con instituciones renovadas, y con ciudadanos al frente del Sistema.

La corrupción no es sólo un asunto escandaloso de dinero público que termina en el bolsillo de funcionarios y representantes populares. La corrupción es la base sobre la cual se ha desarrollado la inseguridad y la violencia de la última década. Pareciera que algunos no lo quieren entender.

“La corrupción ha provocado inseguridad y violencia en la última década. Pareciera que algunos no lo quieren entender”

RIOSPITER

Armando Ríos Piter

@RiosPiterJaguar

 

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